España espera que este mismo mes de septiembre el Consejo Europeo alcance un acuerdo este mismo mes en torno a la propuesta de la Comisión Europea para el Fondo SURE, y poder recibir este mismo año un primer tramo de los 21.325 millones de euros que, en principio, recibirá el país para financiar las políticas de empleo para afrontar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Así lo ha manifestado en el Congreso la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su comparecencia en Comisión, en la que ha señalado que el Consejo Europeo podría modificar la propuesta sobre estos fondos.
Aún está pendiente por cerrar, por ejemplo, la discusión sobre el plazo de amortización de estos fondos que, según lo que ha dicho la vicepresidenta, se repartirá en diferentes tramos a lo largo del próximo año, a excepción de un primer tramo previsto para 2020.
Estos fondos, ha dicho Calviño, permitirán financiar el coste de los ERTE, las contribuciones realizadas por la Seguridad Social para este sistema de protección al empleo impulsado en esta crisis, prestaciones extraordinarias como las aprobadas para autónomos, los trabajadores sin prestación reconocida, bajas por enfermedad consecuencia de la pandemia o medidas especiales para el turismo.
La vicepresidenta ha dejado claro que este préstamo «no estará sujeto a condicionalidad ni supervisión adicional» por parte de la Comisión Europea, espera que sea el primer paso para un mecanismo permanente de reaseguro por desempleo. «Tras años de crear redes de seguridad para los bancos, ha llegado el momento de redes de seguridad para las personas», ha defendido.
SIN MEDIDAS, EL PIB SE HABRÍA DESPLOMADO UN 25%
Durante su intervención, la titular de Asuntos Económicos ha incidido en el «importante coste fiscal» que tendrá para el país estos fondos, al igual que el resto de medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis: un 5% del PIB de recursos aportados y un 15% del PIB en medidas de liquidez.
Un «esfuerzo» sin el cual, ha asegurado la vicepresidenta, habría desplomado el PIB hasta más del 25%, y hubiera aumentado el total de personas en desempleo en otras 3,5 millones de personas paradas.
Para afrontar las medidas, el Tesoro ha programado emisiones por valor de 100.000 millones de euros adicionales, «con su consecuente carga financiera», ha apostillado, si bien ha destacado las buenas condiciones con las que, a su juicio, afronta ahora el país sus salidas a los mercados de deuda.
Es el caso de la subasta realizada este mismo jueves, ha dicho, con «resultados muy favorables», donde la demanda fue, ha dicho, 2,3 veces la oferta, el nivel de compradores no residentes superó el 80% de los compradores, y las condiciones financieras fueron «más favorables para el Tesoro que en anteriores subastas».
