La titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, María Servini, tomará declaración indagatoria este jueves al exministro español Rodolfo Martín Villa, a quien imputa delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1978 en la causa que instruye sobre los crímenes franquistas.
El exministro defenderá su labor durante estos años y presentará declaración por escrito señalando que la Transición española fue incompatible con el genocidio de españoles que se señala en la querella de las víctimas.
La comparecencia se producirá vía telemática entre el despacho de la magistrada y el consulado de Argentina en Madrid, donde el exmandatario español debe acudir a las 16.00 hora española.
El último intento de la juez Servini de interrogar a Martín Villa fue del pasado mes de marzo, cuando solicitó viajar a nuestro país el día 20 de ese mes mediante un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. La crisis del COVID-19 dio al traste con esta visita y con su posterior aplazamiento al mes de mayo, y finalmente la comparecencia se celebrará mañana por videoconferencia.
Hace unos días, Martín Villa remitió una carta a la juez Servini reiterando su disposición a declarar -ya lo hizo en dos misivas anteriores en noviembre de 2016 y febrero del pasado año- y anunciando que mañana presentará una declaración por escrito de acuerdo con las posibilidades que le otorga la legislación procesal argentina.
Según el texto de esta carta, Martín Villa señala que en su declaración tratará de defenderse «pero sobre todo defender que en la Transición, que ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio».
Según recuerda el exministro a la juez argentina la Transición «supuso, esencialmente, la reconciliación entre los españoles, incompatible con el «plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes», del que habla la querella.
El objetivo de presentar su declaración por escrito, según anunció el exministro a la juez, es también el de «corregir posibles olvidos, omisiones o errores que serían comprensibles, ya que se refieren a hechos ocurridos hace más de 40 años», cuando tenía una edad que según apunta hoy dobla «con creces».
También apuntaba en su carta Martín Villa que mañana acompañaría su declaración por escrito con diversos testimonios de 19 personalidades políticas y sindicales realizadas en su apoyo a título personal.
TESTIMONIOS DE 19 PERSONALIDADES
Se trata de las cartas de, entre otros los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy — además de una decena de líderes políticos y sindicales entre los que figuran el ex ministro socialista Josep Borrell y ex secretarios generales de UGT y CC.OO.–, en los que todos ellos, a título personal, defienden la figura de Martín Villa.
Entre los testimonios se encuentran los de dos exgobernantes extranjeros con responsabilidades sobre cuerpos policiales en periodos de transición a la democracia, el primer ministro del Interior de Chile tras Pinochet, Enrique Krauss, y el primer ministro del Interior de Mario Soares en Portugal tras la revolución de los claveles, Jaime Gama.
También han testimoniado los exministros Eduardo Serra y Rafael-Arias Salgado, presidentes de la Fundación España Constitucional y de la Fundación Transición Española; Juan van Halen, exsenador y actual presidente de la Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales; Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral de Navarra, y el catedrático Jesús Romero Trillo, responsable de «procesos de paz» de la Comunidad de Sant’Egidio, institución especializada en mediar para que organizaciones violentas dejen el terrorismo.
Asimismo, han testimoniado los exministros de Asuntos Exteriores Josep Borrell y Marcelino Oreja, ambos con experiencia en responsabilidades de la Unión Europea.
Para los querellantes, sin embargo los documentos aportados por la defensa de Martín Villa a la causa, en los que se alaba la figura del exmandatario durante la Transición española, constituyen un una injerencia y un » intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la Jueza Servini, inaceptable desde el punto de vista jurídico-procesal y también democrático», según señalaron en un comunicado tras conocer la existencia de estas cartas.
Los testimonios les fueron solicitados por el propio Martin Villa a partir del pasado febrero y todas estas personalidades han sido partidarias, según recuerda Martín Villa a la juez, de «la forma representativa de gobierno». Añade que algunos de los firmantes de estas misivas son «adversarios políticos cuya eliminación física yo pretendía», según la querella, si bien en sus escritos defienden la figura del exministro durante los años investigados.
HECHOS INVESTIGADOS
Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.
La coordinadora Ceaqua, que representa a los querellantes, también le imputa responsabilidad en la muerte de Rafael Gómez Jáuregui en Rentería; de José Luis Cano Pérez en Pamplona; de Francisco Javier Núñez en Bilbao -todas ellas ocurridas en 1977-, así como de ; de José María Zabala Erasun en Hondarribia y de María Norma Menchaca en Santurce, ambas un año antes. Igualmente piden aclarar lo os sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona en julio de 1978 durante la celebración de las Fiestas de San Fermín.
La querella se interpuso inicialmente por las cinco muertes en Vitoria en marzo de 1976, cuando Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales. El exministro ya ha explicado al Juzgado argentino que la intervención de Suárez, Osorio y la suya comenzó después, no antes, de conocerse las muertes y consistió en tomar medidas urgentes para evitar más violencia en Vitoria.
