El exvicepresidente de la Diputación Provincial Luis Pérez Montoya ha ingresado este martes en el centro penitenciario provincial de El Acebuche, en Almería, para cumplir la pena de siete años y diez meses de cárcel a la que fue condenado por el desfalco a las arcas públicas enjuiciado en el marco del caso ‘Facturas’.
La Audiencia Provincial impuso como fecha tope para el ingreso voluntario el 2 de septiembre y Pérez Montoya se ha personado a primera hora de la tarde en el centro penitenciario en ejecución de la sentencia que considero probado que, bajo su gestión entre 2009 y 2011, se detrajeron más de 706.000 euros de dinero público de la institución.
El que fuera vicpresidente de la Diputación con un gobierno del PSOE será ahora alojado en el módulo habilitado en el recinto para los internos que deben guardar cuarentena y, tras pasar 14 días y someterse a la prueba para descartar el covid-19, será trasladado al módulo que le sea asignado en el interior del centro.
Fuentes del caso han precisado, asimismo, que la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo, María Teresa González, decidió adelantar al pasado mes de junio su ingreso en prisión para cumplir penas que suman también siete años y diez meses de prisión.
Pérez Montoya y González acordaron el plan para destinar los fondos públicos del patronato «a fines ajenos de los que le eran propios», y «se concertaron» con empresarios «que contrataban con el ente» para elaborar facturas «fraudulentas»..
Con respecto al empresario Joaquín C.C, administrador de Publifiestas Conde y condenado a cinco años de prisión por participar en la sustracción de 363.000 euros de la cuantía total saqueada con facturación falsa y anticipos de caja, se ha pedido la suspensión del ingreso en prisión en tanto se tramita y resuelve el indulto solicitado.
En la ejecución de la sentencia, la Audiencia Provincial ha requerido Luis Pérez y a Teresa González para que ambos se abstengan de ejercer empleos o cargos públicos, «aunque sean electos», al estar condenados a 19 años y medio de inhabilitación especial.
El tribunal ordenó en mayo de 2018 a la ejecución de sentencia con respecto a otros tres condenados que no recurrieron en casación al Tribunal Supremo, entre ellos los dos administradores de la agencia de Viajes Leitour, Francisco Javier G.F. y Arístides Javier M.B. Ambos fueron condenados a 23 meses de prisión por la facturación por conceptos no reales después de que sus testimonios en juicio fuesen determinantes para esclarecer la trama.
Absolvió en la sentencia de instancia a cuatro de las personas físicas que fueron enjuiciadas en una macrocausa que se siguió por delitos agravados de malversación en concurso medial con falsedad documental, fraude a la administración e infidelidad en la custodia de documentos. También fue absuelta una mercantil.
Según los hechos probados, el dinero se destinó a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas, y a fines desconocidos ajenos al destino publico a que estaban destinados.
Para la ejecución del plan, Pérez y González «se concertaron» con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios y con los que elaboraban facturas «por unos servicios que no se prestaban o bienes que no se entregaban» haciendo constar en «el concepto que aquéllos les indicaban, generalmente haciendo referencia a servicios que podrían ser propios del organismo autónomo».
El exvicepresidente dictó resoluciones, previo informe favorable de la exsecretaria delegada, acordando la contratación de bienes o servicios «con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí pagar por el Patronato y dictó resoluciones, también previo informe de la González Rivera, acordando el pago de facturas que sabían que no correspondían a una prestación real al Patronato.
La ex secretaria delegada «participó en la sustracción» de «toda» la cantidad y el exvicepresidente de la Diputación lo hizo en 640.000 euros, lo que representa «una parte importante del presupuesto con el que contaba el Patronato para sus fines de promoción turística de la provincia y supuso un daño a ese servicio público», según remarcó el tribunal.
