Los centros educativos valencianos tendrán flexibilidad para poder planificar una ‘vuelta al cole’ progresiva entre el 7 y el 11 de septiembre si así lo determinan, una medida «para que en aquellos casos que lo decidan tengan las condiciones óptimas para hacer pedagogía tanto al alumnado como a las familias sobre las dinámicas de protección e higiene».
Así lo ha explicado el conseller de Educación, Vicent Marzà, tras la reunión del Foro Educativo Valenciano, en la que la administración, sindicatos de la enseñanza, representantes de las madres y los padres de alumnos, patronales de la enseñanza concertada, asociaciones de directores y representantes del alumnado han repasado todas las medidas de seguridad, protección e higiene determinadas para el inicio de curso.
Marzà ha aludido a la posibilidad de establecer un regreso escalonado a las aulas, una medida que ha calificado como «muy apropiada». «Lo hemos hablado todos y creemos conveniente que aquellos centros educativos que necesiten realizar un inicio de curso con la entrada progresiva del alumnado entre el 7 y el 11 de septiembre tengan esta flexibilidad y adaptabilidad a sus circunstancias, ya que en cada caso los equipos directivos y el profesorado son los máximos conocedores de su propia realidad».
El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, ha añadido que los directores de los centros, sindicatos y familias consideran adecuada esta decisión y por ello «tienen total autonomía para organizar la vuelta a clase en el tramo de días del 7 al 11 de septiembre».
«Unos decidirán que todo el alumnado vaya a clase desde día 7 porque sus circunstancias son favorables, como puede ser un centro pequeño o un Centro Rural Agrupado (CRA), y otros elegirán entrar por grupos o etapas educativas, poco a poco, porque consideren que es mejor para su contexto».
Por otra parte, profesorado, alumnado y resto de personal de los centros se tomarán la temperatura cada día antes de acudir a ellos y si tienen fiebre no deberán ir por prevención.
Según ha explicado Soler, «las autoridades sanitarias han explicitado que es muy importante llevar el control antes de salir de casa, ya que es un indicativo de posible sintomatología compatible con la Covid-19. Y ha añadido: «Todos estamos para actuar con la máxima prudencia y si tienen fiebre, no deben acudir al centro educativo y deben contactar con su centro de salud por el bien de todos», ha explicado el secretario autonómico Miquel Soler.
Aparte del control de temperatura que se hará en casa, los centros educativos dispondrán de material por si hay necesidad de tomar la temperatura en horario escolar y activar el protocolo de coordinación con el centro de salud de referencia en caso de que la persona tenga fiebre.
En el Foro Educativo se ha abordado también el mecanismo específico para garantizar una coordinación ágil y efectiva entre los centros educativos y los centros de salud en caso de detectar contagios y se ha explicitado la adaptabilidad de los planes marcados a la evolución de la pandemia con la incorporación de la obligatoriedad de llevar mascarilla por parte del profesorado, el personal de los centros y el alumnado a partir de 6 años en todos los espacios educativos.
STEPV
Tras el encuentro, el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha valorado positivamente las medidas planteadas y ha destacado que, por ejemplo, los centros de salud designarán a una persona para responder a los centros educativos a los que atiende ante cualquier consulta sanitaria y la dirección tendrá el teléfono directo de ese enlace.
Además, según ha explicado en un comunicado, la Conselleria dispondrá de una página web con todas las preguntas frecuentes relacionadas con la organización escolar para el próximo curso, además de un teléfono de información para resolver dudas.
El sindicato ha planteado otras cuestiones, entre ellas que los EPI en los centros y especialmente las mascarillas sean de la máxima calidad posible. La respuesta de Educación, según las mismas fuentes, es que se han enviado tres millones de mascarillas higiénicas reutilizables a los centros para atender casos de necesidad (olvido, rotura o caída al suelo, por ejemplo).
También ha pedido más concreción respecto a la actuación de un centro ante la aparición de una persona con síntomas de Covid-19, la realización de pruebas PCR periódicas –ante lo que se ha respondido que es Sanidad quien debe determinarlo– o la posibilidad de que los centros que lo pidan puedan acogerse a la jornada continua, respondiendo Educación que el tipo de jornada que tiene cada centro no se modificará.
El sindicato ha reclamado ratios de 15 alumnos máximo en Infantil y Primaria, a lo que la administración le ha replicado que el 86% de los centros no tienen espacio suficientes para implementar.
Ante la pregunta de las medidas previstas en caso de un nuevo confinamiento, la administración ha señalado que se ha ampliado la red Mulan, en Infantil y Primaria cada aula tendrá una línea Webex y en Secundaria, Bachillerato y FP habrá una por docente. Se han repartido 15.000 tabletas y está previsto repartir 15.000 más.
Ante la pregunta de la incorporación de la figura de la enfermera escolar, Educación ha indicado que supondría 2.000 puestos que ahora necesita Sanidad en centros de salud y hospitales y por eso se ha trabajado en mejorar la coordinación entre centro educativo y su centro de salud de referencia.
ANPE
El sindicato ANPE, por su parte, ha exigido la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial para «realmente proponer, negociar y consensuar las medidas necesarias, de las que este Foro Educativo solo informa». En un comunicado, ha asegurado que este nuevo encuentro es «una reunión informativa sobre las propuestas adoptadas por el Ministerio de Educación» y ha advertido que cualquier medida que se adopte «ha de ser trabajada en los foros en los que exista capacidad de toma de decisiones y este no la posee».
«Después de varias sesiones su efectividad no ha sido otra diferente que el objetivo de ofrecer una imagen de falso consenso entre la administración y la comunidad educativa», ha explicado ANPE, que afirma ser «consciente de la complejidad de la situación y de la necesidad de consenso» pero «no dio ni dará carta blanca a la instrumentalización de la enseñanza pública» y por ello no firmó el pasado mes de julio el acuerdo de medidas para el inicio de curso.
Ha incidido en que no está de acuerdo en muchas de ellas «y otras tantas aún faltan por concretarse». Entre otras cuestiones, para ANPE «es inconcebible que el profesorado tenga que asumir la responsabilidad de la detección de posibles casos de contagio, siendo además que muchos de ellos pueden ser asintomáticos» y ve «inadmisible que los docentes no cuenten con la certeza de poder incorporarse en condiciones de seguridad sanitaria, sin PCR previas y sin saber si los pertenecientes a grupos vulnerables pueden o no incorporarse».
Además, ha criticado que el 1 de septiembre «todos los docentes deben reincorporarse a sus centros educativos ya que el INVASSAT no ha resuelto los expedientes de estos docentes pertenecientes a grupos vulnerables, exponiéndoles a un riesgo innecesario».
ANPE rechaza también que «solo se respete la autonomía de los centros para la organización de los grupos, pero se niegue esta autonomía para organizar la jornada escolar según sus propias características y necesidades».
