Plena Inclusión España, el movimiento asociativo que reúne a 935 entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, ha reclamado al Ministerio de Educación y a las Comunidades Autónomas un Plan de Garantía Educativa que impida una vuelta a las aulas que empeore la inclusión educativa de miles de estudiantes con discapacidad.
Esta petición se traslada a las administraciones públicas junto a una batería de propuestas para evitar «el parón educativo» de 130.000 estudiantes con Necesidades Especiales, un día antes de la reunión que mantendrán los máximos responsables educativos del país para coordinar medidas frente a la COVID-19 en el curso escolar que se inicia la próxima semana.
Como señala la asociación, los meses de confinamiento y de clases ‘online’ en casa han puesto de manifiesto la dificultad del sistema educativo para dar una respuesta adaptada a las necesidades de miles de estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales).
CERMI y Plena Inclusión recuerdan que han denunciado durante 2020 la situación de «mayor dificultad y desigualdad» asumida por los niños con discapacidad y sus familias. Según un estudio de Plena Inclusión, en España hay un 20% de familias con un hijo o hija con discapacidad. Su renta es un 25% más baja que la media nacional y, sin embargo, asumen el sostenimiento económico del 96% de los apoyos que sus hijos necesitan.
En relación con su educación, el tiempo que les dedican a apoyar las tareas escolares resulta muchas veces incompatible con el desarrollo de sus actividades laborales. Además, la mayoría no cuenta con recursos tecnológicos adaptados para seguir las clases online cuando la educación no es presencial.
Por ello, el presidente de Plena inclusión España, Santiago López, ha defendido que el apoyo a los miles de alumnos con discapacidad debe ser una prioridad para los poderes públicos, ya sean estatales o autonómicos.
«Nadie debería olvidar las dificultades añadidas con las que se enfrentan las familias de los chicos con discapacidad. La voluntad de construir una sociedad inclusiva se demuestra con hechos y estoy seguro que se pondrán los medios que garanticen una vuelta al colegio que no deje a nadie atrás», ha afirmado.
Frente a esta situación y ante el inicio de un curso que se prevé marcado por medidas excepcionales, desde este movimiento asociativo –que gestiona 232 servicios de educación especial en todo el país–, han presentado una serie de propuestas que podrían agruparse en un Plan de Garantía Educativa.
Así, la asociación apuesta por asegurar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos (ya sean públicos o concertados) cuenten con un refuerzo del personal docente; al menos un profesional sanitario que coordine las acciones preventivas relacionadas con la COVID-19; material tecnológico adaptado para el alumnado con discapacidad; la financiación necesaria para adaptar los espacios a las nuevas medidas de seguridad e higiene exigidas.
También piden priorizar la asistencia presencial del alumnado con NEE (130.000 jóvenes, según el Ministerio de Educación) dada la necesidad de apoyo docente intensivo y a la falta de dotación tecnológica adaptada. En el caso de los alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo (síndrome de Down, autismo o parálisis cerebral), sobre todo los que tienen grandes necesidades de apoyo, insiste en que necesitan una vuelta a las aulas que cuente con la garantía de los apoyos docentes necesarios.
Debe, además, asegurarse la reanudación de tratamientos especializados y la interacción con sus compañeros para retomar la normalidad, tanto en educación especial como en centros escolares ordinarios.
CONCILIACIÓN Y APOYO DOCENTE SI HUBIERA UN NUEVO CONFINAMIENTO
Ante la posibilidad de un nuevo confinamiento, Plena inclusión exige medidas de conciliación familiar que garanticen a las familias la opción de solicitar bajas remuneradas amparadas en los derechos derivados de la situación «de hijo a cargo», en el caso de menores y adolescentes con discapacidad.
También reclama medidas de apoyo docente adaptadas a las necesidades del alumnado con NEE en el caso de que se imponga la necesidad de una nueva cuarentena en el hogar, como la creación de la figura de «maestro/a itinerante», que asegure un apoyo presencial en casa; y medidas de dotación tecnológica adaptada y accesible en previsión de clases online.
Por último, insta a la coordinación entre las administraciones estatales, regionales y locales respecto a la puesta en marcha de protocolos de seguridad, así como entre los sistemas sanitarios y educativos con el objetivo de prevenir, detectar y paliar posibles brotes; y un seguimiento de las necesidades de los centros educativos en el ámbito regional y local, que garanticen el apoyo ante situaciones de rebrotes de la pandemia.
