La red social de microvídeos TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, ha presentado este lunes en Estados Unidos ante los tribunales federales una denuncia para impugnar la decisión por parte de la Administración estadounidense de prohibir TikTok en el país, «sin evidencia que lo justifique» y poniendo en peligro miles de empleos de empleos.
En un comunicado publicado en su blog corporativo, la compañía ha señalado que la orden ejecutiva firmada el pasado 6 de agosto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prohíbe «cualquier» transacción con ByteDance, la empresa propietaria de la aplicación y entrará en vigor a mediados de septiembre, 45 días después de su proclamación, tiene el potencial de despojar de sus derechos a los millones de usuarios de la plataforma en Estados Unidos «sin ninguna evidencia que justifique una acción tan extrema y sin el debido proceso».
«Estamos totalmente en desacuerdo con la posición de la Administración de que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional y hemos articulado estas objeciones anteriormente (…). Es el momento de actuar. No nos tomamos a la ligera demandar al Gobierno, sin embargo, sentimos que no tenemos más remedio que tomar medidas para proteger nuestros derechos y los derechos de nuestra comunidad y empleados», ha explicado la empresa.
En su denuncia, la compañía sostiene que el Gobierno estadounidense ignoró sus propuestas para abordar las preocupaciones respecto de su actividad, así como los «grandes esfuerzos» que ha hecho TikTok para demostrar su compromiso de servir al mercado estadounidense, subrayando que el personal clave de TikTok, incluido su consejero delegado, el director de seguridad global y el asesor general, son todos estadounidenses con sede en Estados Unidos y, por lo tanto, «no están sujetos a la ley china».
Asimismo, la empresa considera que «al prohibir TikTok sin aviso u oportunidad de ser escuchado (ya sea antes o después del hecho), la orden ejecutiva viola las protecciones del debido proceso de la Quinta Enmienda» y defiende que se trata de una orden «ultra vires», puesto que no se basa en una emergencia nacional de buena fe y autoriza la prohibición de actividades que no se ha determinado que representen una amenaza inusual y extraordinaria.
«Para ser claros, preferimos el diálogo constructivo al litigio. Pero con la Orden Ejecutiva amenazando con prohibir nuestras operaciones en Estados Unidos, eliminando la creación de 10.000 empleos estadounidenses y dañando irreparablemente a los millones de estadounidenses que recurren a esta aplicación para entretenerse, conectar y otros medios de vida legítimos que son vitales especialmente durante la pandemia. Simplemente no tenemos otra opción», afirma la compañía.
Donald Trump firmó el pasado 6 de agosto una orden ejecutiva que prohíbe «cualquier» transacción con la empresa propietaria de la aplicación móvil TikTok, ByteDance. La orden entrará en vigor a mediados de septiembre, 45 días después de su proclamación.
En una segunda orden ejecutiva, firmada el pasado 15 de agosto, el presidente de Estados Unidos fijó un plazo de 90 días para que ByteDance acabe con sus operaciones en el país y se deshaga de los datos.
Según la Casa Blanca, TikTok capta automáticamente «grandes cantidades de información» de sus usuarios, incluida información sobre Internet y otras actividades de la red, como datos de localización y de navegación e historiales de búsqueda.
«Los riesgos son reales», remachó Trump, quien criticó también que la aplicación «censura» contenidos que el PCCh considera «políticamente sensibles», como los relativos a las protestas de Hong Kong o el tratamiento del Ejecutivo chino a los uigures y otras minorías musulmanas. «Puede utilizarse para campañas de desinformación que beneficien al PCCh», dijo.