El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) va a suspender definitivamente el cobro de la tasa por la instalación de mesas y sillas correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, para «aliviar la situación que está viviendo el sector de la hostelería y la restauración como consecuencia de la crisis de la Covid-19, especialmente tras las últimas medidas adoptadas por las autoridades sanitarias que inciden de forma especial sobre su actividad».
Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, Toni Pérez, quien ha avanzado que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno una moción para modificar la ordenanza que rige esta tasa. El alcalde ha recordado que el 23 de marzo, apenas nueve días después de anunciarse el estado de alarma, «ya decretamos suspender la liquidación de esta tasa hasta que se permitiera la reapertura de los establecimientos».
Desde que se retomó la actividad hostelera, ha explicado el primer edil, «hemos estado muy atentos a cómo evolucionaba la situación y en contacto permanente con el sector. Conocemos su incertidumbre ante la coyuntura actual y futura, y también las dificultades por la que están atravesando; y por ello y a la vista de los últimos acontecimientos hemos decidido suspender el cobro de esta tasa desde la entrada en vigor del estado de alarma y hasta final de año«, según ha informado el consistorio en un comunicado.
Toni Pérez ha recalcado que «desde el minuto uno» de la pandemia, el Ayuntamiento, «en la medida de sus posibilidades y en el marco de sus competencias, ha tratado de ayudar al sector y contribuir a su recuperación con medidas como flexibilizar la disposición de las terrazas para que los establecimientos pudieran garantizar las distancias de seguridad sin perder mesas o peatonalizar algunas calles para ganar espacio para las mesas y sillas».
Además, subraya que el Ayuntamiento ofreció a los establecimientos la desinfección gratuita de fachadas y terrazas, «opción a la que se acogieron centenares de ellos». En el plano económico, «se han articulado ayudas municipales para paliar las consecuencias económicas que la Covid-19 ha tenido y, en muchos casos, sigue teniendo para empresas, pymes y autónomos».
No obstante, señala que, por imperativo legal, el Ayuntamiento «deberá girar a los establecimientos una liquidación proporcional por el periodo transcurrido entre el 1 de enero y la entrada en vigor del estado de alarma, un periodo en el que ejercieron su actividad con normalidad».