La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recomienda revisar la deducción fiscal en IRPF para los planes privados de pensiones, cuyo coste fiscal es de 1.643 millones de euros, al considerar que “regresiva” y que no cumple con su objetivo de fomentar el ahorro en el largo plazo. Asimismo, también recomienda revisar los tipos reducidos de IVA, al considerarlos ineficientes desde el punto de vista redistributivo, ya que benefician más a las rentas altas, y aboga por sustituirlos por ayudas directas a los colectivos más vulnerables.
Así se refleja en su estudio sobre beneficios fiscales, presentado este miércoles, en el marco de la segunda fase del ‘Spending Review’ comprometido con la UE, que analiza 13 beneficios fiscales que suponen un coste de 35.000 millones de euros, el 60% del total de los beneficios existentes, cuyo coste es de unos 60.000 millones.
La Airef apunta que en España una parte importante de las políticas de gasto se instrumentan a través de los beneficios fiscales, siendo éstos, “instrumentos de política fiscal que persiguen objetivos económicos y sociales, mediante exenciones, tipos reducidos, reducciones o deducciones en sus cuotas tributarias que generan incentivos o mejoras en la renta de la personas físicas y jurídicas que, en general, conllevan una menor recaudación tributaria”.
En términos generales, la Airef concluye que la creación o cualquier modificación de los beneficios fiscales “debe enmarcarse en la planificación estratégica de las políticas públicas con las que esté relacionado para valorar la eficacia de los diferentes instrumentos en su conjunto”. Además, considera que debe mejorarse la coordinación entre diferentes niveles de la administración y, en particular, sobre aquellos beneficios fiscales y otros instrumentos estatales y autonómicos que persiguen objetivos similares, con la finalidad de alcanzar la máxima eficacia y eficiencia.
Por impuestos, la Airef ha estudiado beneficios fiscales que suponen hasta 8.000 millones de euros en IRPF, aproximadamente el 61% de los beneficios correspondientes a este impuesto; 25.183 millones en el caso del IVA, el 58%; y 674 millones en el Impuesto de Sociedades, el 20%.
PLANES DE PENSIONES E IRPF
Sobre los beneficios en el IRPF, la Airef concluye que la reducción por aportaciones a planes privados de pensiones, que supone un coste de unos 1.643 millones de euros, “no consigue el objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo” y plantea su “reformulación completa” en el marco del Pacto de Toledo. Además, lo considera regresivo, ya que son las rentas altas quienes utilizan este beneficio fiscal, acumulándose el 66% del beneficio (1.084 millones de euros) en el decil con las rentas más altas. Asimismo, la Airef apunta que, teniendo en cuenta la fiscalidad de la prestación en el momento de la jubilación y las comisiones de los planes de pensiones, este beneficio fiscal no es atractivo para las rentas altas, que son quienes lo utilizan porque tienen capacidad de ahorro, mientras que el incentivo sí es atractivo para las rentas bajas, que no tienen capacidad de ahorro y, por tanto, no hacen uso de planes privados.
Por otro lado, la Airef concluye que la tributación conjunta en el IRPF, con un coste de 2.392 millones de euros y diseñado para adecuar el impuesto a la composición de rentas del hogar, “sí consigue su objetivo al beneficiar a los hogares que solo tienen un perceptor de rentas, pero genera un desincentivo a la participación laboral de las mujeres”. Por ello, propone acelerar su “paulatina desaparición” y establecer un régimen transitorio para no perjudicar a las familias con menor capacidad de adaptar sus decisiones de participación a la nueva situación. Además, cree que habría que compensar el efecto negativo que continuará teniendo durante la vigencia del régimen transitorio con nuevos incentivos a la participación laboral de las mujeres que disminuyan la brecha de género.
En el caso de la reducción por arrendamiento de viviendas en el IRPF (1.039 millones de euros), que pretende fomentar la oferta de viviendas en alquiler, la Airef concluye que el beneficio fiscal “ha generado un significativo aumento de la oferta de alquiler declarado, aunque no se puede identificar la diferencia entre la nueva oferta de vivienda y las rentas que emergen de la economía informal”. Además, la evaluación identifica la creciente dificultad para el acceso a la vivienda de los hogares de rentas bajas, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. En este contexto, la Airef propone reformular el incentivo reorientando su diseño para facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables, teniendo en cuenta las especiales necesidades en áreas metropolitanas.
IVA Y SICAV
En relación a los tipos reducidos de IVA del 4% (coste de 5.323 millones) y el 10% (12.463 millones), diseñados para facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos, la Airef concluye que cumplen con el objetivo, pero no lo hacen de forma eficiente desde el punto de vista distributivo, ya que benefician más a las rentas medias y altas, al ser estas quienes más gastan.
En concreto, la Airef estima que solamente el 39% del coste fiscal de los tipos reducidos beneficia a la población situada en los deciles de renta inferior a unos 21.000 euros, mientras que el 61% restante beneficia a la población situada en los deciles de renta superior. En este mismo sentido, apunta a una concentración del beneficio fiscal especialmente significativa en algunos bienes y servicios como restaurantes y cafeterías (coste de 4.860 millones), transporte de pasajeros (560 millones), hostelería (490 millones), libros y prensa (483 millones) o paquetes turísticos (483 millones), en los que el 70% del coste fiscal beneficia a rentas superiores a 40.000 euros anuales.
Así, apunta que los tipos reducidos son menos eficientes desde el punto de vista distributivo que otras políticas más focalizadas en colectivos u objetivos específicos, como los programas de rentas mínimas. Por ello, la Airef propone su revisión y, con el objetivo de no perjudicar a los hogares de rentas más bajas y focalizar y hacer más efectivo el gasto, acompasar dicha revisión con medidas de gasto dirigidas directamente a los colectivos más vulnerables que garanticen el acceso a los bienes a los que actualmente van dirigidos los tipos reducidos.
En cuanto a los tipos reducidos de las Sicav en el Impuesto de Sociedades, por el que estas sociedades tributan al 1% en lugar de al 25%, diseñados para fomentar la inversión colectiva y diversificada, la Airef constata “una alta concentración de las acciones en un número reducido de accionistas que hace dudar del cumplimiento de la naturaleza colectiva de la inversión”. En este sentido, propone reforzar los requisitos para mejorar el cumplimiento efectivo de la naturaleza colectiva de la inversión en los términos previstos en nuestra normativa.
OTRAS DEDUCCIONES
Por otro lado, la Airef considera que otros beneficios fiscales que sí cumplen con sus objetivos y que funcionan con progresividad son las reducciones en IRPF por rendimientos del trabajo y las deducciones sociales por maternidad, familia numerosa y discapacidad, mientras que considera “no concluyente” el resultado sobre la deducción en IRPF por donativos, al no ver causalidad directa entre el beneficio fiscal y el avance reciente de las donaciones. Lo mismo ocurre con las deducciones por donativos en el Impuesto de Sociedades, cuyo objetivo es fomentar la financiación del tercer sector.
En IVA, la autoridad fiscal considera “no concluyente” el análisis sobre las exenciones a los servicios de sanidad y educación privadas, cuyo coste es de 3.457 millones de euros, aunque apunta a que, “de levantarse la exención, el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público”.
En cambio, sí considera que cumple su objetivo la exención del IVA para los servicios financieros (2.777 millones de euros), al señalar que levantar la exención aumentaría los precios, como consecuencia de la mayor carga fiscal sobre los productos financieros para los hogares, y que esto no afectaría a las empresas al poderse deducir el IVA soportado.
También considera que cumple el objetivo la diferencia impositiva en el Impuesto Especial entre el diésel y la gasolina de uso no profesional, favoreciendo al primero, pero propone actualizar la fiscalidad de acuerdo con los nuevos objetivos de política medioambiental.
Con este informe sobre los beneficios fiscales, la Airef inicia la publicación de resultados de la segunda fase del proceso de revisión del gasto público conocido como ‘Spending Review’, en el que han analizado partidas de gasto que suponen más de 51.000 millones de euros anuales, algo más del 4% del PIB.
Esta segunda fase está centrada en cuatro áreas, con los beneficios fiscales como el capítulo que supone un mayor gasto, al superar los 35.000 millones de euros al año. La Airef también publicará a finales de julio el informe sobre el gasto en infraestructuras del transporte, que acumulan una inversión de 340.000 millones en los últimos 25 años, con una inversión de 7.000 millones en 2018.
Ya en septiembre tiene previsto publicar los informes sobre los incentivos a la contratación y al trabajo autónomo, que suponen un desembolso anual de 2.000 millones; y sobre el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud (SNS) en farmacia e inversión en bienes de equipo, que representan 7.400 millones de presupuesto anual.
En 2019 la Airef ya presentó los resultados de la primera fase del ‘Spending Review’, en la que se identificaron siete áreas de estudio: evaluación de la estrategia y procedimiento en la concesión de subvenciones; medicamentos dispensados a través de receta médica; políticas activas de empleo; becas de educación universitaria; programa de promoción de talento y su empleabilidad en I+D+I; fortalecimiento de la competitividad empresarial; y prestación del servicio postal universal.
(SERVIMEDIA)
