El Gobierno de Cataluña aprobaba anoche un decreto ley que permite al Quim Torra imponer restricciones a la actividad o al desplazamiento de personas.
El objetivo es intentar esquivar la decisión del juez de instrucción número 1 del Lleida que había anulado el confinamiento decretado horas antes por la Generalitat alegando que esa decisión la tenía que tomar el Gobierno de Pedro Sánchez.
“Hemos aprobado un decreto ley que recoge el ordenamiento jurídico que nos permite aplicar este tipo de medidas más restrictivas. Una vez se publique dictaremos la resolución correspondiente para que se tomen esas medidas en Lleida”, explicaba la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, en declaraciones a TV3.
Este decreto, firmado por la noche, «faculta a la autoridad sanitaria para que, en situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, pueda adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales».
El caso podría acabar en el Supremo ya que la Fiscalía le ha recordado a la Generalitat que no puede legislar sobre derechos fundamentales.
