Plena inclusión y la AEFT instan al Gobierno a cumplir su compromiso con la aprobación urgente de la reforma del Código Civil en materia de discapacidad. La medida afectaría a la capacidad de comprar una vivienda, firmar contratos o la posibilidad de hacer testamento.
Plena inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) han reclamado al Gobierno la reforma del artículo 49 de la Constitución o la aprobación del anteproyecto de reforma del Código Civil.
Según estas entidades, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo «son uno de los colectivos más discriminados por la vigencia de la actual norma que regula la modificación de la capacidad jurídica que –además de incumplir el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad–, en ocasiones impide la participación de estas en actos jurídicos, en la toma de decisiones de sus organizaciones o en algunas esferas de su vida como la compra de una vivienda, firmar contratos o la posibilidad de hacer testamento, entre otras».
Alana Cavalcante, jurídica de ambas organizaciones, defiende que la aplicación posterior de la misma «reconozca el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, garantizando que aquellas que lo precisan cuenten con los ajustes necesarios para la toma de decisiones en los actos jurídicos».
En este sentido, ambas organizaciones instan tanto al Gobierno como al Poder Judicial «a seguir favoreciendo el diálogo con las entidades de discapacidad, expertas en la creación y aplicación de modelos y herramientas que promueven el ejercicio de la capacidad jurídica, para que en la práctica, la reforma se aplique a la luz de la citada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».
