“Esta sociedad no puede seguir echándose los muertos a la cara; tiene que reconciliarse con lo que pasó y tener garantías de que no vuelva a pasar”
La diputada ce CC-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, propuso esta mañana que sea el Defensor del Pueblo quien analice, investigue, y proponga soluciones a futuro, lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia. “Este asunto”, señaló Oramas al Defensor del Pueblo que hoy presentó su informe anual en el Congreso, “no puede ser motivo de reflexión en su informe del año que viene y, por supuesto, lo ocurrido no puede ser utilizada como un arma política”.
Por ello, la diputada nacionalista propuso que el Defensor del Pueblo, que es “el único órgano neutral, que tiene la potestad de pedir cuentas a todas las administraciones del país, que tienen los medios y no está metida en la guerra política” sea el responsable de analizar qué ocurrió y, sobre todo, “que hay que hacer para que no vuelva a ocurrir”. “Tenemos que saber qué fue lo que pasó, pero también detectar las carencias y prepararnos para que no vuelva a ocurrir”.
Para ello, Oramas propuso que la Cámara, con el respaldo de todos los grupos políticos, realice esa encomienda al Defensor del Pueblo y se le dote de medios para poder realizar ese análisis. La diputada recordó que son muchas las administraciones las que tienen competencias en materia de asistencia a mayores; desde la teleasistencia y asistencia domiciliaria que recae en los ayuntamientos, las residencias que son competencias de cabildos en el caso de Canarias, la sanidad en las Comunidades Autónomas y el incumplimiento de la Ley de Dependencia de la que responde el Estado. “Por ello”, agregó, “y por su capacidad de pedir responsabilidades a todas las administraciones, es el Defensor del Pueblo quien puede, sin convertirlo en un arma político, analizar qué fue lo que ocurrió y, sobre todo, insisto, que se debe hacer para que no vuelva a ocurrir”.
“Esta sociedad”, prosiguió Oramas, “no puede seguir echándose los muertos a la cara”. “Esta sociedad tiene que reconciliarse con lo que pasó y, sobre todo, tener garantías de que no vuelva a pasar”.
Finalmente, la diputada canaria reclamó al Defensor del Pueblo su intervención ante el grave problema que se están encontrando los miles de venezolanos que viven en España, y en gran número en Canarias, que están pendientes de que se regularicen sus permisos de residencia y se encuentran con la paralización de sus expedientes. Una situación denunciada por ACNUR que señala que son las familias venezolanas con niños las que padecen la mayor situación de vulnerabilidad; una situación que puede revertirse con la reactivación de las oficinas que regularizan sus expedientes.
