La Fiscalía General del Estado mantiene un total de 240 investigaciones penales abiertas sobre la gestión de la pandemia del Covid-19 en residencias de mayores y personas con discapacidad, tras abrir 21 nuevas diligencias penales respecto de la pasada semana.
El mayor número de diligencias se concentra en Madrid, donde hay 107 abiertas, y en Cataluña, con 46. Según la información facilitada por la Fiscalía General del Estado, de esas 21 diligencias penales nuevas registradas hasta el 22 de junio, cinco están en la Fiscalía Provincial de Barcelona, seis en la de Madrid, dos en la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares, dos en la Fiscalía Provincial de Cáceres, y una en las Fiscalías de Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Manresa-Igualada, La Rioja y Navarra.
Según consta en la recopilación de datos, se ha decretado el archivo de un total de cinco expedientes de diligencias de investigación penal, en las Fiscalías Provinciales de Guadalajara,Burgos, Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Cáceres, y la Rioja, éstas últimas por haberse acordado su judicialización.
Permanecen en trámite el resto de diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.
El Ministerio Público ha recibido durante la última semana diversa información actualizada en relación con los establecimientos residenciales objeto de seguimiento, facilitando así el conocimiento puntual de las necesidades que se plantean en ese ámbito en relación con la actividad tuitiva del Ministerio Fiscal.
Además de las diligencias e investigaciones por la vía penal, la Fiscalía también mantiene activa su labor de supervisión en torno al estado en que se encuentran los mayores y personas con discapacidad en las residencias con un total de 194 diligencias y expedientes abiertos por la vía civil, el mismo número de las que se encontraban activas la pasada semana.
Los datos ofrecidos por la Fiscalía se distribuyen en tres bloques: las diligencias civiles y tuitivas cuya información ha sido recabada por el Fiscal de Sala Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales; las diligencias penales, para los casos en los que se haya podido incurrir en algún delito, y las judiciales incoadas hasta el momento por distintos juzgados.
Esta semana se ha tenido noticia de la incoación de siete nuevos procedimientos por hechos relacionados con residencias de mayores y/o centros hospitalarios en los Juzgados de Miranda de Ebro (1), Gavá (1), y Zaragoza (un total de cinco, distribuidos en los Juzgados de Instrucción números 5, 6, 8 y 12).
La Fiscalía indica que resulta lógico que, una vez sin efecto el estado de alarma, se tenga conocimiento de nuevos procedimientos judiciales en trámite consecuencia de la progresiva normalización de la actividad de los órganos judiciales.
El Ministerio Fiscal recaba también los datos oficiales disponibles y efectúa el seguimiento especial de estos procedimientos judiciales en atención a la particular vulnerabilidad de las potenciales víctimas. En concreto se hayan judicializadas 22 diligencias en Madrid, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia.
Hay residencias investigadas por diversas comunidades. En concreto 107 están en la Comunidad de Madrid. La segunda comunidad con más residencias investigada es Cataluña, con 46 en total. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (26) Castilla y León (21); Galicia (14); Extremadura (8); Baleares (2); Andalucía (3); La Rioja (1), Aragón (2); Navarra (1); Asturias (1); Canarias (1) y Valencia (2).
(SERVIMEDIA)
