Se trata de una cifra siete puntos superior al resto de la población, según la Tasa Arope. En este contexto, Plena Inclusión lamenta que el Ingreso Mínimo Vital no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable.
La Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) debería reconocer a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable y una ‘unidad de convivencia especial’ y convertirse en incentivo para su acceso al empleo, según Plena Inlcusión.Tras el análisis del texto legislativo del IMV, esta entidad lamenta que este mecanismo de protección social no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable.
«Existe una relación directa entre discapacidad y pobreza por la que debería considerarse a este colectivo entre los especialmente vulnerables», afirma Plena inclusión y lo sostiene con los siguientes datos: una de cada tres personas en riesgo de pobreza y/o exclusión tiene alguna discapacidad, una cifra siete veces superior al resto de la población, de acuerdo a la Tasa Arope. Además, según esta confederación la privación material severa de las personas con discapacidad es un 3.4% superior a las de las personas sin discapacidad.
Invisibilidad
Para su presidente, Santiago López, «resulta fundamental que sean ‘unidad de convivencia especial’ porque de lo contrario su situación de pobreza quedaría enmascarada por la suma de los ingresos de sus familias. En la mayoría de los casos, la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo resulta invisible de cara a las ayudas».
En su opinión, estas personas se ven obligadas a permanecer en el entorno familiar por falta de ingresos. «Y esa situación les condena a una dependencia perpetua de sus familias, algo que hemos transmitido al Gobierno en repetidas ocasiones».
