La catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Beatriz González López-Valcárcel ha sido una de las expertas llamadas a declarar en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.
En esta comparecencia ha subrayado el papel esencial de los servicios sanitarios de Atención Primaria para controlar el coronarvirus en la denominada nueva normalidad, que comienza el 21 de junio con el final del estado de alarma en España.
La experta en economía de la salud indicó que el primero de los retos a corto plazo que propuso a los diputados y diputadas fue “poner el foco en Atención Primaria”. Pidió más formación y medios para “la primera línea” sanitaria.
La ponente destacó el papel que ya ha desempeñado Atención Primaria durante la pandemia, ya que, según se puede concluir de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia, 1,5 millones de españoles pasaron la enfermedad en casa y fueron atendidos por Atención Primaria.
Este dato “quedó fuera del foco” y no fue tan valorado socialmente como el trabajo de los hospitales, ha destacado la miembro del comité asesor Covid-19 del Gobierno de Canarias y del grupo interdisciplinar del Ministerio de Investigación y Ciencia creado con el mismo objetivo.
La profesora reclamó también un plan de catástrofes que incluya reservas estratégicas de material, y otro a nivel europeo que permita comprar la futura vacuna a precios razonables.
A largo plazo, la profesora de la ULPGC reclamó recursos humanos para el sistema público de salud, porque “el capital humano es lo más valioso del sistema”. Flexibilidad, conciliación y desarrollo profesional son algunas de las palabras que empleó al referirse a cómo captar profesionales.
La medicina de familia es el gran caballo de batalla en el largo plazo. Está demostrado, según expuso, aquellos países que tiene una medicina de familia fuerte, tienen una sanidad más eficiente.
La ponente pidió que los directivos fueran elegidos por capacidad y no por lealtad política, y, entre otras cuestiones, reclamó cooperación e intercambio de información entre los sistemas sanitarios de las distintas comunidades autónomas, porque “lo contrario es un despilfarro y el despilfarro es inmoral”.
