Las comunidades autónomas de Madrid y el País Vasco se desmarcaron este jueves de las propuestas presentadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la ‘vuelta al cole’ en septiembre, que incluyen el impulso de dos programas de cooperación territorial para equipamiento tecnológico y para refuerzo del alumnado más vulnerables.
Así lo aseguró la ministra Isabel Celaá en la rueda de prensa que celebró tras la reunión telemática de la Conferencia Sectorial con representantes de las comunidades autónomas, en la que repasó los 14 puntos de la propuesta que ha trasladado a las autoridades educativas regionales.
También recordó el anuncio que hizo el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar 2.000 millones de euros a las autonomías para educación. No obstante, Celaá se excusó de que la distribución de ese fondo que no habrá que devolver a la Administración no corresponde a Educación, sino que “se está trabajando en los ministerios de Economía y Hacienda los criterios de distribución y la distribución final para cada comunidad.
La ministra matizó una de las propuestas que ha trasladado a las autonomías y que su ministerio adelantó este miércoles tras trabajarlo con Sanidad, de impulsar “agrupaciones flexibles convivenciales que funcionen a modo de familia” de 15 o 20 alumnos “no son la ratio” de alumnos por clase, pues “la ratio es la ratio legal”. Esos grupos “burbuja” permitiría, por ejemplo, que los menores de 10 años (cuarto curso de Primaria) no llevasen mascarilla ni respetasen la distancia de seguridad con sus compañeros y profesores habituales.
El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, explicó que esa medida para los menores de 10 años “no es el número de alumnos que están juntos, sino la burbuja en la que se mantienen” y para los demás estudiantes se deberán respetar los 1,5 metros de distancia. No cumplir esa distancia sería “ilegal”, indicó Celaá, en referencia a la petición de la Comunidad de Madrid de reducir esa distancia entre los alumnos.
Para lograrlo, dijo, se trabajará “optimizando los espacios”. Cuando no fuera posible, añadió, “ese centro educativo será atendido por su comunidad autónoma” para que se le facilite “otro espacio”.
CRITERIOS
Celaá insistió en que esta y otras consideraciones sanitarias para la vuelta a las aulas responden a las recomendaciones sanitarias, y que sus criterios han cambiado porque lo han hecho las medidas de los expertos. “Vamos avanzando en lo que aportan los científicos y conocemos de la pandemia” y, lo último que se sabe, dijo que es que “cuanto menor es el niño menor es la capacidad de transmisión que este virus parece tener”.
Celaá también aseguró que las autonomías pueden trasladar sus aportaciones para detallar las medidas con las que finalmente se inicie el curso y recalcó que en el curso 2020-2021 se pondrá “el énfasis en la presencialidad, sin abandonar la digitalización, uno de los principios rectores de la Lomloe”, su reforma educativa que se está tramitando en el Congreso.
“Abrir un colegio es infinitamente más complejo que hacerlo en un comercio u otro negocio”, remarcó la ministra, que recordó que los niños no han podido regresar a las aulas hasta que las comunidades autónomas hayan alcanzado la fase 2, aunque dejó a la “autonomía” de los centros organizar actividades, por ejemplo, como el juego con pelota, porque los colegios “observarán precauciones adecuadas para la mayor seguridad”.
Celaá reconoció durante su intervención que “la educación no presencial ha generado brechas de desigualdad” y que durante el confinamiento “hemos perdido en términos de interacción y socialización” de los alumnos, que sin embargo han ganado en otras competencias. “Hoy sabemos más del virus y de su comportamiento”, dijo también, a la par que subrayó que “la declaración del estado de alarma no suspende las competencias de las comunidades autónomas”, lo que “no quiere decir que el Ministerio no deba ejercer las suyas” en materia de coordinación.
ACUERDO
En la reunión de este jueves, el Ministerio ha presentado 14 puntos “para un acuerdo educativo” a los que se han adherido todas las comunidades menos Madrid y País Vasco. Entre ellos, destacan que “el curso comenzará en las fechas habituales y seguirá pautas temporales similares a otros cursos académicos” (con un mínimo de 175 jornadas lectivas); que la presencialidad será “principio general” y que los centros “adaptarán en todas las etapas sus programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes no alcanzados”.
Celaá también enumeró otras cuestiones del acuerdo, como los planes de seguimiento para los alumnos con más dificultades por la crisis del Covid-19, el fomento del trabajo colaborativo entre docentes y que “en el inicio y desarrollo del curso” se seguirán las indicaciones de Sanidad y las CCAA.
Los otros puntos de la propuesta del Gobierno pasan por cuestiones de riesgos laborales para medidas sanitarias, formación a docentes y personal para cumplir los requisitos sanitarios, planes de inicio de curso que habrán de elaborar los centros y planes de contingencia “frente a eventualidades” que tendrán que trazar las administraciones educativas.
La ministra también se refirió a impulsar “medidas necesarias” para que los centros ofrezcan servicios complementarios “habituales” de forma segura, punto del que subrayó especialmente el comedor y el transporte.
El documento del acuerdo contempla asimismo medidas contra la brecha tecnológica, recursos desde el Ministerio y las regiones para refuerzo digital dese ministerio y los citados programas de cooperación territorial.
(SERVIMEDIA)
