El Gobierno de Canarias incorpora con fondos propios otros cuatro millones a esta línea de ayudas con el objetivo de alcanzar al máximo posible de solicitantes y multiplica un 125% la aportación inicial del Estado que fue de 5,3 millones
Vivienda había recibido hasta este viernes 23.362 solicitudes para esta ayuda, por lo que a partir de este jueves se suspende temporalmente el plazo de recepción de peticiones hasta determinar la suficiencia del crédito disponible
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha aprobado hoy incrementar con fondos propios en otros cuatro millones de euros la partida destinada a pagar el programa de ayudas directas para sufragar el pago completo del alquiler a aquellas personas que han visto mermados sus ingresos de forma considerable debido a la crisis sanitaria del COVID-19. De esta manera se amplía hasta los 12 millones de euros esta partida, un fondo que el Gobierno canario ha ampliado un 125% con respecto a la aportación inicial del Estado que fue de 5,3 millones.
Este programa de ayudas contaba inicialmente con un presupuesto de 5,3 millones de euros aportados por el Gobierno de España, que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda amplió con fondos propios en un 51%, 2,7 millones, alcanzando un monto total de ocho millones de euros, cuando se abrió el plazo de presentación de solicitudes el pasado 8 de mayo. Ahora, el Gobierno de Canarias vuelve a aumentar la partida con fondos propios en otros cuatro millones de euros hasta los 12 millones, con la finalidad de alcanzar al máximo de beneficiarios posibles de esta línea de ayudas.
Con este programa de ayudas puesto en marcha por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda se pretende solventar las situaciones de vulnerabilidad en el pago del alquiler por la expansión del COVID-19 y ayudar a personas con problemas transitorios causados por pérdida de empleos o reducción de jornadas y, por lo tanto, afectados por una disminución o desaparición de sus ingresos.
La respuesta de la ciudadanía ante la oferta de esta línea de ayudas por parte del Gobierno canario ha sido masiva como demuestran los datos de peticiones recibidas hasta el pasado viernes 5 de junio, con un total de 23.362 solicitudes. Estas cifras sitúan a Canarias como la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de esta línea de ayudas de todo el Estado, ya que otras regiones como Cataluña, acumulan unas 17.000 solicitudes.
Por este motivo, desde el Instituto Canario de Vivienda se ha decidido suspender temporalmente la recepción de solicitudes de la ayuda a partir de este jueves, 11 de junio, hasta determinar si el crédito consignado es suficiente para atender a esta amplia demanda registrada en el primer mes de funcionamiento. De esta forma, el último día válido para presentar solicitudes será el miércoles 10 de junio.
“Cuando presentamos esta ayuda éramos conscientes de que era una demanda muy ansiada por sectores de la población canaria que requieren la necesidad de pagar su alquiler”, agregó el consejero Franquis, “las cifras de este primer mes de entrada en funcionamiento no han hecho más que corroborar estas expectativas, por tanto, hemos decidido ampliar con recursos propios hasta en dos ocasiones los fondos de esta línea de ayudas al alquiler con la finalidad de apoyar a estas familias que atraviesan momentos complicados económicamente hablando, intentando mitigar lo más posible las consecuencias que está provocando la crisis del COVID-19 en las Islas”.
Esta ayuda se suma a otras medidas de carácter social promovidas y aprobadas por el Gobierno de España, como es la suspensión de los desahucios, prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la aprobación de líneas de avales para financiación de arrendatarios (inquilinos) en situación de vulnerabilidad, todas ellas tendentes a aminorar las cargas económicas de las familias que viven de alquiler.
Además, la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno canario ha promovido también otras medidas de apoyo, como eximir a más de 17.200 familias que viven de alquiler en las VPO del parque público de viviendas del Gobierno regional, del pago del alquiler desde el 1 de abril y hasta la fecha.
