Las personas en régimen de alquiler en las viviendas de titularidad municipal se benefician de oficio de esta medida y también pueden solicitar al Consistorio chicharrero una exoneración del pago si han quedado en situación de vulnerabilidad económica a causa de la crisis sanitaria.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no está procediendo al cobro de la renta a las personas que residen en alguna de las 1.100 viviendas en arrendamiento que son de titularidad municipal. Como explicó la concejala de Atención Social y responsable de la Sociedad de Viviendas Municipales, Marta Arocha, “estos importes han quedado aplazados de manera automática y sin previa presentación de solicitud” mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas. Esta moratoria o aplazamiento se podrá extender por un año o “un tiempo mayor, dependiendo de la situación económica de las personas”, matizó la edila, quien insistió en que el único requisito es “disponer del contrato de arrendamiento en vigor”.
Según explicó Arocha, la prioridad del Ayuntamiento de Santa Cruz y su alcaldesa, Patricia Hernández, es “reducir al máximo entre los vecinos y vecinas del municipio los efectos de la crisis derivada de la emergencia sanitaria” y, con esa finalidad, a la moratoria se suma la posibilidad de que las familias o las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad económica a causa de las actuales circunstancias “puedan verse exoneradas de manera extraordinaria y temporal del pago de la renta de las viviendas de titularidad municipal”.
Los requisitos para beneficiarse de esta exoneración son “que pasen a estar en situación de desempleo, hayan sido afectados por un Expediente Temporal de Empleo (ERTE) o por una reducción de jornada por motivos de cuidados o circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos”, siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen, con carácter general, el límite de 3 veces el IPREM, y además de la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicios de telecomunicación fija y móvil o posibles contribuciones a la comunidad de propietarios) resulten superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Asimismo, Arocha destacó que se tiene en cuenta “la existencia de hijos a cargo, mayores de 65 años, discapacidad superior al 33% y situación de dependencia o enfermedad que incapacite permanentemente la actividad laboral”.
Esta medida podrá ser prorrogable mes a mes, si se mantiene la situación de vulnerabilidad económica, mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas.
La solicitud para acogerse a esta iniciativa se puede realizar de forma telemática y, como matiza Arocha, “con la finalidad de facilitar que la medida se aplique cuanto antes a quienes lo necesiten” basta con una declaración responsable si no se pueden aportar los documentos requeridos (situación legal de desempleo o declaración de cese de actividad, número de personas que habitan la vivienda, titularidad de bienes y declaración responsable del deudor), puesto que “tras la finalización del estado de alarma, las personas interesadas dispondrán de un plazo de un mes para facilitarlos a la Corporación”.
Desde el inicio de la crisis, el Consistorio chicharrero se ha volcado en atender las necesidades de la ciudadanía y ha promovido diversas actuaciones encaminadas a aliviar las dificultades provocadas por las actuales circunstancias. Tal y como señaló la concejala, las actuaciones de Viviendas Municipales “son nuevas medidas que adopta el Ayuntamiento de Santa Cruz para paliar, en la medida de lo posible, los efectos de la crisis en las economías familiares y ayudar a los chicharreros y las chicharreras a superar esta difícil situación de la mejor manera posible”.
