Según el informe Discapacidad y Familia de la Fundación Adecco, un 59,5% de los menores y jóvenes con discapacidad ha tenido que suspender totalmente sus terapias, tratamientos y/o rutinas formativas.+
La Fundación Adecco ha presentado su informe Discapacidad y Familia, un trabajo de investigación cuyo propósito es visibilizar los retos que introduce la discapacidad en las unidades familiares, particularmente en el ámbito del empleo y de la conciliación.
«Ante la situación insólita que atravesamos, este año el análisis se ha centrado en la crisis de la COVID-19, un punto de inflexión que, previsiblemente, cambiará muchos paradigmas, siendo el de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad uno de los más relevantes», explican sus impulsores.
Como principales conclusiones de este trabajo, se apunta que la mayor parte de los encuestados opina que durante los días de confinamiento «se ha desandado gran parte del camino» y que en algunos aspectos, principalmente el social, tendrá un impacto negativo en la evolución y desarrollo de sus hijos con discapacidad.
Frente a esta opinión, un 25,1% considera que, por el contrario, «esta etapa generará cambios positivos en la sociedad, haciendo que seamos más empáticos y comprensivos hacia las personas con discapacidad, facilitando y avanzando en su inclusión. Por último, un 11% cree que esta etapa no tendrá impacto alguno».
En paralelo, el estudio señala que durante el estado de alarma, un 59,5% de los menores/jóvenes con discapacidad ha tenido que suspender totalmente sus terapias, tratamientos y/o rutinas formativas, mientras que un 35,4% las ha podido seguir manteniendo algunas, vía online, y un 5,1% las continuado por ser consideradas «esenciales».
Brecha digital
Asimismo, el 74,1% cree que el estado de alarma ha evidenciado la importante brecha digital entre las personas con discapacidad y el resto de la población, constatando un desequilibrio que frena su plena inclusión.
En este contexto, la Fundación Adecco ha apelado «a la acción coordinada entre Administración Pública, empresas, tejido asociativo y sociedad civil para minimizar el impacto de la era COVID-19 en la plena inclusión de las personas con discapacidad».
Según esta entidad, «las políticas activas de empleo o la colaboración público-privada, para dar respuesta al previsible aumento de hogares en riesgo de exclusión, son algunas de las prioridades a ejecutar. Asimismo, es fundamental apostar por un modelo de educación flexible que, reconociendo el modelo inclusivo como máximo exponente del itinerario formativo, apoye la misión, tanto de los colegios ordinarios como de los centros de educación especial, permitiendo a las familias y a los expertos psicopedagógicos escoger la modalidad más adecuada en cada caso».
