La CNSE incide en la falta de criterios uniformes en las notificaciones médicas a las los pacientes sordos y teme que las personas sordas sean apartadas de estudios como el actual de seroprevalencia frente a COVID-19.
Como les contábamos esta semana, la Atención Primaria es crucial para asegurar el éxito de los procedimientos de desescalada del confinamiento de la población española y para garantizar un manejo óptimo de la pandemia en los próximos meses, según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).
En ese contexto, la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) ha puesto el foco en «la ausencia de protocolos de accesibilidad en los centros de salud, que discrimina a las personas sordas. De hecho, estos centros no cuentan con criterios uniformes ante cuestiones tan simples como informar de una cita médica a un paciente sordo».
Un funcionamiento que es desigual en cada comunidad autónoma, y que tal y como afirma la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, «terminamos pagando las propias personas sordas».
Díaz aclara que la comunicación telefónica no es una opción para este colectivo, y que, por tanto, cualquier notificación debe realizarse por SMS, por correo electrónico, o a través de servicios de videointerpretación como SVIsual.
«. Necesitamos respuestas globales», añade.
Fuera de los estudios
Otra cuestión que preocupa a la CNSE es que esta ‘arbitrariedad’ pueda impedir a las personas sordas participar en estudios como el de seroprevalencia frente a COVID-19 que se inició esta misma semana.
Para la entidad, la decisión de reclutar a los participantes telefónicamente excluye a las personas sordas. «Nos preocupa no poder participar en caso de haber sido seleccionadas. Al igual que el resto de la población queremos aportar nuestro granito de arena, y, sin embargo, no se nos deja», asegura Concha Díaz.
Al respecto, la presidenta de la Confederación urge al sistema de salud a buscar soluciones, e insta a las comunidades autónomas a alcanzar un consenso. En este sentido, alude a la existencia de recursos que «ya permiten una comunicación accesible con estos servicios a través de la lengua de signos, o en la modalidad comunicativa que requiera cada persona sorda».
