El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado este lunes un auto en el que acuerda “la revocación a Pablo Iglesias Turrión de la condición de perjudicado y ofendido mantenida hasta este momento» en la pieza separada número 10 del ‘caso Villarejo’, en la que se investiga el robo del teléfono móvil a la exasesora de Podemos, Dina Bousselham.
El magistrado toma esta decisión que le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, lo que significa que el vicepresidente del Gobierno no podrá seguir ejerciendo la acusación particular en esta causa.
García Castellón entiende que mantener la condición de perjudicado “resulta insostenible toda vez que las diligencias practicadas no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna, pero además las contradicciones desgranadas exigen un esfuerzo investigador que resulta incompatible con la posición procesal pretendida».
Esta decisión, deja la puerta abierta a que el juez pueda tomar medidas contra Iglesias, que devolvió la tarjeta SIM a la exasora completamente ilegible después de haberla tenido en su poder por tiempo indeterminado. Así, el juez rechaza ofrecer a Bousselham la posibilidad “prestar el perdón por los posibles hechos delictivos que hubieran podido cometerse contra la misma” y estima que hay indicios de que el líder de Unidas Podemos «habría mantenido en su poder la tarjeta SIM del móvil durante un periodo que podría oscilar entre los 5 a los 39 meses».
Fue la Fiscalía Anticorrupción la que propuso preguntar a Bousselham contra “quien o quiénes” quiere expresar el perdón, opción que el juez rechaza por entender que es “de momento imprecisa e innecesaria, en términos de idoneidad, además de precipitada».
«Dina Bousselham no es un tercero ajeno al procedimiento, sino una parte personada que ya ha ejercido la acción penal y que ha expresado claramente en reiteradas ocasiones, a través de su representación, su voluntad de perseguir los delitos investigados contra todos aquellos que, hasta el momento, han aparecido como sospechosos de su presunta comisión», recalca el togado que, subraya, que la exasesora de la formación morada «en ninguna de las declaraciones judiciales expresó su voluntad de no dirigir la acción penal por este delito contra alguna persona en concreto».
La exasesora de Podemos compareció el pasado lunes a declarar por segunda vez ante el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En el curso de esa comparecencia, el juez le afeó que no hablara en su primera declaración de la devolución de la tarjeta y de las condiciones en las que la recibió.
Además, García Castellón ordena nuevas diligencias. En concreto, encarga al Cuerpo Nacional de Policía que analice los emails entregados por Ricardo Sá Ferreira, pareja de la exasesora, para practicar cuantas diligencias sean precisas para “esclarecer los envíos a terceras personas y alteraciones físicas de las que pudo ser objeto la tarjeta aportada por Dina Bousselham desde la fecha del robo hasta el momento de su aportación en sede judicial».
Por el momento, el instructor dice no haber encontrado evidencias de actuación ilícita por parte de ‘Okdiario’ ni tampoco “resulta posible vincular las publicaciones aparecidas” en el periódico “exclusivamente a la intervención del investigado José Manuel Villarejo”.
ROBO ACCIDENTADO
La que fuera asesora de Podemos declaró el pasado día 18 sobre el presunto robo de su móvil en octubre de 2015. Varias conversaciones en las que participó el líder de la formación, Pablo Iglesias, cayeron en manos del excomisario Villarejo y acabaron siendo publicadas. En esta ocasión, Bousselham declaró que fue el ahora vicepresidente del Gobierno quien le devolvió la tarjeta SIM del celular en verano de 2016, pero en ese momento era “ilegible”.
Según su relato, la tarjeta había llegado a manos de Iglesias seis meses antes y en ese momento estaba en perfecto estado. En ella supuestamente había conversaciones en distintos grupos en los que había participado Iglesias, haciendo cometarios jocosos o intercambiando ideas sobre la estrategia de Podemos.
El robo del móvil está siendo investigado por el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dentro de la pieza 10 del ‘caso Tándem’ sobre las presuntas actividades delictivas del excomisario José Manuel Villarejo. La pieza se abrió tras hallar en un registro al domicilio del expolicía un pen drive donde se habían volcado las conversaciones contenidas en el ese terminal telefónico.
En el curso de la comparecencia, el magistrado García Castellón advirtió a la exasesora de Podemos de que la destrucción de la tarjeta es un hecho grave puesto que se trata de una prueba que llegó a la Audiencia Nacional completamente ilegible.
Entre las conversaciones filtradas, una de las que mayor polémica desató fue aquella en la que Pablo Iglesias decía que «azotaría hasta que sangrase» a la periodista Mariló Montero. La compareciente admitió que hizo un pantallazo del comentario de Iglesias y lo compartió con otras personas. La conversación data de 2014 y era parte de un chat de Telegram en el que participaba el líder de Podemos.
Bousselham indicó que no hizo mención alguna al hecho de que se le había devuelto la tarjeta SIM cuando denunció el robo del móvil porque no lo consideró un hecho relevante en ese momento y rechazó haberlo ocultado deliberadamente.
La desaparición del móvil se produjo en 2015. De su contenido se extrajeron más de una docena de ‘pantallazos’ relativos a diversas conversaciones de militantes de Podemos en las que participaba Pablo Iglesias. La información acabó siendo publicada en medios de comunicación.
Todos esos archivos aparecieron en poder del excomisario Villarejo, en prisión provisional desde hace más de dos años, que los guardaba rotulados en un archivo con el nombre de ‘Dina’. Aunque nunca estuvo imputada, la exasesora de Iglesias negó en su primera comparecencia ante el juez haber sido responsable de la difusión de estos archivos y siempre sostuvo que el móvil le había sido sustraído.
Según la versión ofrecida por Villarejo, el contenido de ese teléfono le llegó del director de Interviú Alberto Pozas y de su subdirector Luis Rendueles, que había considerado previamente que su contenido no era susceptible de ser publicado.
Le dijeron que la información llegó a la revista en un sobre con remitente anónimo. Le entregaron a Villarejo la información considerando que se trataba de una petición formal de un comisario en activo de la Policía. Ambos están imputados en la causa.
El presidente del Grupo Zeta que editaba Interviú, Antonio Asensio, entregó finalmente la tarjeta de memoria del móvil al propio Pablo Iglesias en enero de 2016 con la garantía de que no publicaría su contenido. Finalmente, otros medios la difundieron ese mismo año.
El papel de Bousselham en todo este entramado no está claro. En todo momento sostuvo que el dispositivo móvil le había sido sustraído, pero la Policía Científica ha certificado que los archivos se encontraban en la carpeta de ‘enviados’. Además, en su primera declaración no habló la juez sobre la tarjeta en poder de Interviú con el argumento de que Iglesias le había dicho que era una información “confidencial” y con el convencimiento de que el robo formaba parte de una campaña de desprestigio contra Podemos.
(SERVIMEDIA)
