El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 negó este jueves que se hayan producido recortes en las partidas destinadas a las ONG estatales de Acción Social, en contra de lo manifestado por la Plataforma del Tercer Sector (PTS).
El presidente de la plataforma, Luciano Poyato, tras mantener una reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, en la que se trataron temas relacionados con la financiación del Tercer Sector, concretamente con el 0,7% del IRPF de interés social y del Impuesto de Sociedades, para hacer frente a la crítica situación actual, consideró que la postura del ministerio debilita las respuestas y los instrumentos de las políticas sociales del Estado, crítica que desde la Secretaría del Estado consideran que no está justificada si se analizan los datos.
Según explicó la PTS en una nota, hasta ahora, y tras una resolución del Tribunal Constitucional, el total recaudado a través del 0,7% del IRPF era gestionando en un 80% por las comunidades autónomas y en un 20% por el Estado.
Igualmente, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, dicta que la recaudación a través de la casilla con fines sociales del 0,7 % del Impuesto de Sociedades se debe articular como una convocatoria supraterritorial y en su totalidad debe ir destinada a financiar proyectos de interés social presentados por entidades de acción social de ámbito estatal.
Sin embargo, la plataforma sostiene que en el encuentro con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, ésta comunicó a los representantes de la PTS que las entidades estatales podrán gestionar el 14% de lo recaudado en el IRPF, «una cifra que no se corresponde con el 20% fijado sobre el total para acción social, que asciende a 283 millones de euros», indica la plataforma.
“Esta reducción del 20% al 14% supone una pérdida de 14,5 millones de euros, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales y para seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan”, añadió Poyato.
En relación con el 0,7% del Impuesto de Sociedades, dijo que la Secretaría de Estado informó de que la distribución de los recursos se verá también modificada y las entidades de Acción Social estatales verán recortada su financiación, «en este caso en casi un 23%, ya que esta cuantía irá destinada a proyectos de cooperación y medioambientales».
DATOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
Sin embargo, fuentes de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales aseguraron que no sólo no hay recortes, sino que hay un incremente de los fondos, ya que la recaudación total de la casilla de fines sociales del IRPF y de Sociedades ascendería a 395 millones de euros , lo que aseguran que suponen 131 millones más que en 2019. En concreto, afirman que 361 proceden del IRPF y 34 de Sociedades.
Insistieron en que el el 100% de esta recaudación va al Tercer Sector y, en concreto, las asociaciones estatales del Tercer Sector de Acción Social reciben 68,5, unos 20 millones más que en 2019, según estas fuentes.
Por lo tanto, inciden en que no ha habido recortes e incluso se destina más dinero. Lo que ocurre, añaden, es que la recaudación de la casilla social del Impuesto de Sociedades se reparte también entre organizaciones ecologistas y de cooperación internacional.
Además, niegan que haya un incumplimiento de la ley, ya que la Ley de Presupuestos 6/2018 «dice que el IRPF se destina a actividades de interés general considerada de interés social (no acción social), y aquí entran las organizaciones ecologistas o de cooperación internacional».
Tambien señalan que no hay un incremento para las comunidades autónomas porque son las autonomías las que tienen la competencia para destinar esos fondos a intervención social directa y poder hacer frente a las necesidades generadas por la crisis de la Covid-19.
De hecho, argumentan las mismas fuentes de la Secretaría de Estado que con este reparto se beneficia, por ejemplo, a organizaciones como Caritas Galicia, o Cruz Roja Valencia, y las organizaciones estatales solo pueden utilizar estos fondos para destinarlos a programas relacionados con áreas como estructuras centrales, estudios o programas de internacionalización.
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