El Ministerio de Justicia calcula que la pandemia de Covid-19 provocará que en España los concursos de acreedores crezcan un 246% este año y un 619% el año que viene, casi un 900% en dos años, por las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria.
Estos datos fueron aportados este jueves por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en su comparecencia en comisión en el Senado, donde desde las cuatro de la tarde explica la actuación de su departamento durante la crisis sanitaria y la hoja de ruta para el conjunto de la legislatura.
En este sentido, Campo explicó que, tras el “parón” en los tribunales por el estado de alarma, su ministerio desarrollará “planes de reactivación en los órdenes jurisdiccionales más afectados por el Covid-19”. Estas actuaciones se aprobarán en el plazo máximo de 15 días después de que el Consejo de Ministros apruebe el levantamiento de las mediadas excepcionales.
Señaló que la “imperativa necesidad de adoptar todas estas medidas” viene avalada por las previsiones que se han hecho de cómo afectará la crisis sanitaria al aumento de trabajo en los juzgados. Según los cálculos realizados, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social por el Covid-19 aumentará en 2.020 hasta un 31%, llegando al 140% en 2021, con más de un millón de nuevos asuntos.
CASI 5.600 PUESTOS DE TELETRABAJO
En cuanto a los concursos de acreedores, el titular de Justicia dijo que el incremento por el coronavirus puede ser del 246% para el ejercicio 2020 y del 619% para en 2021. Es decir, de los apenas 7.000 concursos presentados en 2019 se pasaría a los 50.000 en 2021.
Coincidiendo con estas estimaciones sobre el aumento de asuntos, Campo destacó que “el conjunto de personas al servicio de la Justicia ha hecho unos esfuerzos colosales por mantener en pie lo esencial del servicio público que es la Justicia”. Por este motivo, agradeció el trabajo que durante el estado de alarma vienen realizando jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores, funcionarios y otros profesionales.
El ministro también explicó que, con el fin de evitar contagios entre los profesionales de la Justicia, en un “tiempo récord se han habilitado más de 5.572 puestos de teletrabajo para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, gerentes territoriales y de informática, así como para el personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Además, se han dispuesto otros 1.757 puestos de teletrabajo habilitados para el Registro Civil.
En paralelo, se han creado 117 salas de videoconferencia para facilitar la celebración de reuniones entre los juzgados de guardia y las comisarías de policía. También se han creado otras 16 para las fiscalías. Además, se ha facilitado el acceso remoto al sistema de gestión procesal Minerva, al de grabación de salas de vistas eFidelius y al sistema el sistema de comunicaciones electrónicas LexNET.
(SERVIMEDIA)
