La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, garantizó este jueves que “cualquier modificación” en el ámbito laboral se hará “de forma dialogada con los agentes sociales”, tras haber difundido EH-Bildu un acuerdo con PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral del 2012 y que posteriormente matizó el partido socialista.
Calviño explicó que esa ha sido la forma de actuar del Gobierno y nada cambia, durante unas jornadas del Cercle D’Economía donde el presidente de esta organización, Javier Faus, expresó máxima preocupación por la derogación total anunciada por la formación de izquierda abertzale y después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dejase “en suspenso” el diálogo social si “ya está decidido lo que se va a hacer en la mesa”.
“Hoy en este foro quiero agradecer una vez más a los empresarios el compromiso y esfuerzo que también ellos están haciendo en este momento. Las empresas tienen que jugar un papel clave en la recuperación y cuentan con el apoyo de este Gobierno”, manifestó Calviño tras mostrarse contraria a la polémica abierta al respecto.
Para la vicepresidenta económica “sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento” y con la realidad que tenemos “sobre la mesa”.
Según diferentes fuentes, Calviño se plantó ante Sánchez cuando se enteró del acuerdo y fue clave para que Sánchez rectificara pidiendo que se enviara un comunicado aclaratorio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto de la negociación con EH Bildu para asegurar que el voto de sus diputados no iba a ser un obstáculo para sacar adelante la quinta prórroga del estado de alarma, pero desconocía el detalle del acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos en el Congreso con la formación vasca.
Varias fuentes socialistas y gubernamentales consultadas por Servimedia admiten que fue necesaria la aclaración que se realizó cerca de la medianoche por las interpretaciones que se estaban produciendo de un acuerdo que, a su entender, no se salía de lo fijado en el pacto de investidura.
“Un fallo gordo”, reconocen, porque en la “redacción final” -que se firma sin más por los portavoces- se cuela un adjetivo que abre la puerta a que se genere un “ruido” alrededor del pacto que ensombrece el espíritu del mismo que, añaden las fuentes consultadas, es meramente social. Y ahondan en que las tres formaciones coincidieron en la subsanación del malentendido con la aclaración que difundió el PSOE.
Precisamente, en lo que Sánchez estaba al tanto es en que con ese acuerdo se instaba al Gobierno a poner en marcha los mecanismos necesarios para derogar lo que los socialistas siempre han considerado los aspectos más lesivos de la legislación laboral que impulsó el Partido Popular.
Asimismo, según fuentes del Gobierno, cuando la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tuvo conocimiento de los términos del acuerdo, intervino para alertar de que, en las actuales circunstancias, España necesita otro tipo de medidas, aunque dichas fuentes no concretan qué llamadas realizó ni a quién.
La novedad del acuerdo con la formación que lidera Arnaldo Otegi, destacan fuentes consultadas, radica en que se abordará esta cuestión del esquema legislativo del mercado laboral una vez que acaben las medidas “excepcionales” adoptadas por la pandemia de la Covid-19.
Por eso, en La Moncloa se sabía del acuerdo con Bildu pero no se conocía el detalle firmado y le restan importancia a este asunto que circunscriben al diálogo social que el Ejecutivo tiene en marcha con los agentes sociales. Más allá de la «polémica» levantada y las posibles derivadas en el seno del Ejecutivo, esta cuestión, a su juicio, no reviste mayor importancia.
