La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda destinará 20 millones de euros a esta promoción que se levantará sobre tres parcelas municipales cedidas por el Ayuntamiento y gracias a la cual el Ejecutivo canario volverá a construir VPO en la isla tras 26 años
La Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha sellado un convenio con el Ayuntamiento de Arrecife por el que este cede tres parcelas de propiedad municipal, y que suman una extensión de 7.638 metros cuadrados, con la finalidad de destinarlas a la construcción de 200 viviendas de protección oficial (VPO) de promoción pública en régimen especial en el barrio de Maneje. El Gobierno de Canarias destinará 20 millones de euros de fondos propios a la construcción de estas nuevas viviendas sociales.
El consejero Franquis ha destacado el impulso que se ha dado en los últimos meses desde el Gobierno regional a esta promoción de VPO que ya se había planificado hace una década y que sin embargo nunca pudo ponerse en marcha hasta ahora. Con esta promoción de nuevas VPO, que se edificarán para dar respuesta a las solicitudes de viviendas de los demandantes del municipio, el Gobierno canario retoma la construcción de viviendas públicas en la isla de Lanzarote 26 años después de la última promoción. Además, el Ayuntamiento de Arrecife, con el nuevo grupo de Gobierno presidido por la alcaldesa Astrid Pérez, agilizó en estos meses la cesión del suelo para permitir estas viviendas necesarias en la capital de la isla, donde reside cerca del 50 por ciento de la población de Lanzarote.
La cesión por parte del Ayuntamiento de este suelo se hace con carácter gratuito pese a que el valor de mercado de cada una de las tres parcelas cedidas supera los tres millones de euros. Esta cesión rubricada hoy permitirá poner en marcha el procedimiento administrativo para encargar la redacción de un proyecto de construcción y de posterior edificación de estas 200 viviendas que se financiará con 20 millones de euros de fondos públicos.
“Una vez que se ha rubricado hoy la cesión del terreno ya estamos capacitados para, desde el ICAVI, proceder a definir el proyecto de construcción y yo espero que a finales de este mismo año podamos sacar a licitación la edificación de esta nueva promoción”, ha asegurado el consejero Sebastián Franquis, “desde que este Gobierno inició su andadura pusimos nuestro empeño en desbloquear muchas operaciones de construcción de viviendas que llevaban años estancadas, por eso desde hace unos meses impulsamos este trabajo con el Ayuntamiento de Arrecife, al que agradecemos la cooperación mostrada en todo momento, dando prioridad a la creación de nueva vivienda pública en Lanzarote, que es una de las islas donde menos se ha construido VPO en Canarias”.
La alcaldesa Astrid Pérez ha resaltado que uno de sus objetivos es agilizar la construcción de viviendas protegidas y públicas en Arrecife, “donde las necesidades son acuciantes, más aún teniendo en cuenta que Arrecife está entre las zonas de Canarias y España con familias más vulnerables”. La alcaldesa de Arrecife se congratula de que, “por fin, 26 años después, las viviendas de promoción pública se pongan en marcha en la capital de Lanzarote, para lo que hemos dado prioridad con la cesión de los terrenos”.
Este suelo municipal cedido al Gobierno canario se enmarca en el Plan Parcial de Los Geranios con el que se destinan tres parcelas al Instituto Canario de la Vivienda con una extensión total de 7.638 metros cuadrados y una valoración de más de nueve millones de euros. Desde el ICAVI se ha planificado que esta promoción cuente con 200 viviendas repartidas de la siguiente forma: 20 casas de un dormitorio, 30 casas de dos dormitorios, 120 casas de tres dormitorios y 30 casas con cuatro dormitorios.
Esta actuación forma parte de los objetivos que se enmarcan dentro del nuevo Plan de Vivienda de Canarias, que contempla el fomento de construcción de vivienda pública y recoge entre sus retos la edificación de 2.200 viviendas en todo el Archipiélago, con fondos propios y en coordinación con otras administraciones y el sector privado, tras ocho años en los que no se promovió la construcción de ninguna VPO en las Islas.