El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha contribuido con la visión de las personas con discapacidad, desde una perspectiva exigente de derechos humanos, a la consulta pública sobre el Libro Blanco de la Inteligencia Artificial que prepara la Comisión Europea.
En sus aportaciones a la consulta pública europea, el Cermi alerta de que informes preliminares sobre riesgos del uso de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) revelan discriminaciones en perjuicio de grupos sociales más expuestos a ver vulnerados sus derechos tales como género, raza o situación migratoria.
Además, señala que recientes estudios evidencian que las personas con discapacidad no son ajenas a este fenómeno, muy a menudo a través de discriminaciones múltiples e interseccionales.
A juicio del Cermi, las personas con discapacidad, como grupo colocado en situación de fragilidad social, se encuentran ante un mayor riesgo de vulneración de sus derechos y libertades fundamentales, lo que justifica que se adopten enfoques específicos basados en el principio de igualdad y no discriminación; además de tomar en consideración los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal.
Por ello, reclama la plataforma española de la discapacidad, el despliegue y gestión de la IA ha de estar sometido a procedimientos democráticos de gobernanza, que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de todos los grupos de interés en la toma de decisiones y en la validación de soluciones.
«Las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas son un grupo de interés legítimo de la IA que ha de tener asegurado un rol en el gobierno de estos sistemas», concluye el comunicado del Cermi.
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