Reducción de un 7,7% en el primer trimestre de 2020, anotando un descenso interanual tras 7 años consecutivos de incrementos.
El coronavirus ha dejado, en el primer trimestre del año, la cifra más baja de contratación a personas con discapacidad de los últimos 7 ejercicios. Concretamente, entre enero, febrero y marzo de 2020, las personas con discapacidad han suscrito 25.811 contratos en nuestro país, la cifra más baja desde 2016 y un 7,7% inferior a la del mismo periodo de 2019, cuando se suscribieron 27.978 contratos.
En comparación con el mes anterior, la contratación se ha desplomado un 22,8%, con 7.397 contratos en marzo, frente a los 9.082 de febrero, un dato inusual en un mes que suele ser propicio para el empleo por la contratación ligada a la Semana Santa.
Si bien la caída del 7,7% en la contratación de personas con discapacidad es ligeramente inferior a la registrada para el resto de la población (en España, el descenso interanual de contratos ha sido del 10,2%), en el caso de las personas con discapacidad subyace otra inquietud añadida, en la medida en que suelen ser los que encuentran más dificultades para superar todas las crisis, viéndose especialmente abocados a la precariedad en la economía sumergida o al paro de larga duración, entre otras circunstancias laborales adversas.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, «nos preocupa que con el parón del empleo se produzca un retroceso en la igualdad de oportunidades y en la inclusión social que las personas con discapacidad habían alcanzado durante los últimos años».
«Recordemos que muchos han tenido que abandonar repentinamente sus trabajos, que no solo les proporcionaban ingresos, sino también normalización y estabilidad social y emocional. Otros, se han visto obligados a aparcar sus rutinas formativas y de búsqueda de empleo, viéndose en una situación de confinamiento absolutamente desconocida que, en muchas ocasiones, conlleva aislamiento, confusión y una gran inseguridad», añade.
Vulnerabilidad del sector
Asimismo, Mesonero añade que «la caída en la contratación reabre el debate sobre la vulnerabilidad de un sector de la población que ya se encontraba en riesgo de exclusión antes de la crisis del COVID-19. La emergencia económica se convierte en emergencia social para muchas personas con discapacidad que no tenían una posición consolidada en el mercado y que suelen ser los primeros en perder el empleo y los últimos en recuperarlo».
