José Antonio Gioménez Lluch, desahuciado tras verse contagiado por Covid-19, ha presentado ante los juzgados ordinarios una querella criminal contra el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y varios altos cargos del Gobierno a los que acusa de delitos contra la salud pública, homicidio y lesiones imprudentes, además de omisión del deber de perseguir los delitos en la compra de test de detección del Covid-19 defectuosos.
El abogado Javier Díaz, en su nombre, explica que como consecuencia de esta compra, se realizaron test que arrojaron resultados erróneos poniendo en riesgo la salud colectiva porque permitió la propagación del virus y, por tanto, los ingresos hospitalarios, las lesiones y, en casos extremos, la muerte.
Así, José Antonio Giménez Lluch acudió al hospital SSR Hestia el 13 de marzo de 2020 a realizarse una biopsia. Al no haber test suficientes, no fue posible saber si los sanitarios que le atendieron podían contagiarle, cosa que ocurrió. Su pronóstico es “catastrófico” y “se le ha pronosticado un rápido fallecimiento” que espera en su casa.
El letrado entiende que su eventual muerte es producto directo de “una mala gestión de los que gobiernan distintas administraciones”. Señala, además, que “el calvario” de Giménez Lluch “se ve agravado por la imposibilidad de otorgar ni un simple poder notarial, dado que los notarios no acuden al domicilio ante el riesgo de ser contagiados”.
La querella se dirige en concreto contra la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio Azcárraga; el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas Díaz y el titular de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz Gimeno.
Además, el querellante quiere que se investigue a quien resulte responsable de la Oficina Centralizada de compras de productos sanitarios del Ministerio de Sanidad, quien resulte administrador de la entidad intermediaria de compra de los test defectuosos para detectar el Covid-19 Interpharma S.A., contra la persona jurídica intermediaria de Interpharma S.A. y contra cualquier otro que resulte señalado en la instrucción.
En la querella se hace un recorrido por la normativa que permite la adquisición de productos sanitarios en el extranjero a través del mecanismo de abastecimiento centralizado por el Estado de productos sanitarios distintos de los medicamentos previsto para momentos de “excepcionales dificultades de abastecimiento”.
Recuerda la querella que la reglamentación sobre este tipo de productos establece que deben estar testados por los Organismos de Notificados de ámbito europeo al que se deben aportar los documentos sobre el diseño, procesos de fabricación, normas técnicas e información que acompaña al producto. Y hace una largo recorrido por todos los requisitos que se establecen para autorizar su compra “por razones de interés sanitario, en situaciones en que no existen otras alternativas para el tratamiento de los pacientes”.
La querella relata todas y cada una de las responsabilidades y funciones atribuidas a los altos cargos contra los que se dirige la querella en aras de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de los productos que se adquieran fuera de la UE.
Relata que fue el Ministerio de Sanidad el que, con la participación de Interplharma S.A., adquirió una partida de 659.000 test rápidos de detección del Covid-19 a la compañía china Bioeasy, previo pago de un “precio desconocido”, aunque cita informaciones periodísticas que estiman lo pagado en más de 17 millones de euros. “Los test resultaron ineficaces y no correspondían con sus prescripciones técnicas”, señala.
Cita a continuación las declaraciones hechas por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que reconocía no estar “acostumbrados” a comprar en el mercado chino y que en esa operación “nos han colado” una compra que se presentaba como una “ganga” que resultó no serlo.
Al menos 58.000 de esos test llegaron a territorio español y 8.000 fueron distribuidos en la Comunidad de Madrid. Fueron “aplicados a pacientes específicos, hasta que por controles externos a la Agencia Española del Medicamento y a la Administración Central del Estado se pudo comprobar que eran ineficientes y que su sensibilidad no era acorde con sus fichas técnicas”.
Aventuran los querellantes que la compra se realizó a una empresa sin licencia para la fabricación en China, que se pagó por adelantado y que no se llevaron a cabo los controles para comprobar su eficacia con la participación de las personas contra la que se dirige la querella.
(SERVIMEDIA)
