El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento, por un delito contra la seguridad contra los trabajadores.
En concreto, contra la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, según recoge la entidad enfermera en un comunicado.
La querella se suma a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios consejos autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España, contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas.
En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores, que aparece en el artículo 316 del Código Penal, conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. “La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”, especifica el Consejo en un comunicado.
En la querella también incluyen “otros delitos” que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
Según indica la organización enfermera, a esta querella se podrán adherir en fechas próximas los Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería “que así lo estimen oportuno”.
El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.
“Dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejo la puesta en marcha de las acciones penales para exigir las responsabilidades que procedieran a las autoridades sanitarias que están interviniendo en la gestión de la pandemia”. El resultado final ha llevado al Consejo General de Enfermería a la decisión de actuar judicialmente por la vía penal, afirma la entidad en su escrito.
Con la investigación previa, se elaboró “una querella extensa y contundente”, que contiene más de 50 folios, y en la que se realiza “un amplio relato de los hechos”. “Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos”, afirma el presidente de Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.
(SERVIMEDIA)
