El Tribunal Supremo acumula varios recursos contra el estado de alarma declarado por el Gobierno, el pasado 14 de marzo. Antes de decidir sobre su trámite va a tomar una decisión sobre su competencia para estudiarlas. Por ello, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado una providencia en la que fija un plazo de tres días para que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y uno de los recurrentes informen sobre la jurisdicción de la Sala.
El último de los recursos admitido a trámite es el de un abogado valenciano que considera que el decreto del estado de alarma está vulnerando los derechos fundamentales de libertad, reunión y circulación de las personas y, por tanto, constituye un estado de excepción encubierto.
La Sala Tercera del Supremo da el plazo citado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para que entregue toda la documentación relativa a la implantación del decreto que mantiene a la población confinada en sus casas desde hace casi seis semanas.
El abogado valenciano que firma el recurso, Curro Nicolau, denuncia que el estado de alarma no contempla la prohibición de la libre circulación de las personas ni de otros derechos fundamentales y defiende que suprimir este tipo de actos solo se puede justificar bajo el estado de excepción, que sí prevé la suspensión de los derechos fundamentales.
Nicolau defiende que aún en esta situación excepcional “no se puede anular universalmente” los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y reclama la anulación de la norma que le impide circular con libertad por la calle, visitar a sus familiares, o desplazarse a su segunda vivienda siempre que se pueda acreditar mediante un test que no se está contagiado.
(SERVIMEDIA)
