Las distintas fiscalías territoriales investigan si se ha producido alguna actuación delictiva en 38 residencias de personas mayores distribuidas por el territorio nacional, según informó este viernes la Fiscalía Gental del Estado en un escueto recuento que recoge sus actuaciones hasta el pasado 15 de abril y del que advierte que “no es una foto fija”.
Además, el ministerio público ha realizado 124 informes de seguimiento tuitivo de personas residentes concretas que precisan una especial atención individual o colectiva de sus derechos y que se tramitan por la vía civil, no penal.
El ministerio público indica que esas 38 diligencias de investigación penal abiertas se realizan sin perjuicio de las diligencias previas abiertas en diferentes juzgados de la geografía española. Por tanto, a fecha 15 de abril, la Fiscalía tiene constancia de dos investigaciones en residencias de Castilla y León; en Murcia se contabilizan otras dos; en Canarias, una; en Castilla-La Mancha, cinco; en la Comunidad Valenciana, una; en Madrid, 19; en Cataluña, siete y en Cantabria, una.
El departamento dirigido por Dolores Delgado no especifica qué tipo de delitos se están investigando en cada una de las 38 residencias bajo escrutinio, ni aclara tampoco si alguna de estas diligencias se ha judicializado ya.
ANTECEDENTES
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó el pasado 1 de abril un decreto donde ordenaba el cierre de la investigación por las muertes de personas mayores en residencias de distintos puntos de España durante la crisis sanitaria del coronavirus, al entender que no había indicios de actuación delictiva en los sucesos detectados en las inspecciones de la Unidad Militar de Emergencia (UME).
La Fiscalía General del Estado cerraba así la investigación que había encomendado al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz y archivaba las actuaciones iniciadas de oficio, aunque deja abiertas las que correspondan a las fiscalías de cada comunidad autónoma por sus propios casos.
Fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que alertó en una entrevista del hallazgo de varios cadáveres en residencias que permanecían en sus camas junto a los residentes vivos. Delgado indicaba en su decreto que la “gravedad» de los hechos denunciados motivó la apertura de una investigación y la designación del fiscal Dolz como instructor para “facilitar” la obtención urgente y centralizada de los datos que pudieran dar lugar a una investigación.
Pero tras el archivo, fueron las fiscalías provinciales las que tenían en sus manos determinar si corresponde el archivo de las investigaciones que mantiene abiertas en distintas comunidades autónomas. La primera de las denuncias se produjo en Madrid a raíz de la muerte de 17 ancianos por coronavirus en la residencia Monte Hermoso.
Fue el Defensor del Paciente el que denunció los hechos haciéndose eco de las noticias aparecidas en medios de comunicación sobre los muertos en esa residencia y las varias decenas de contagiados que allí se habían producido.
(SERVIMEDIA)
