La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Predif) exigió este miércoles una «reforma urgente de la ley de propiedad horizontal», ámbito que permanece como «uno de los más problemáticos y discriminatorios para las personas con discapacidad y mayores» y que genera cientos de quejas y denuncias al año.
Según Predif, “la accesibilidad es un derecho, más en la propia vivienda, y no puede consentirse que aún haya personas que, por su movilidad reducida, se encuentren encerradas en sus casas porque no es obligatorio hacer accesibles las comunidades”.
Su presidente, Francisco Sardón, destacó que esta actualización constituye una imperiosa necesidad que las entidades del sector de la discapacidad reivindican desde hace años.
En abril de 2008, España ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dispone en su artículo 9 que “los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás” al entorno físico mediante “la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso”.
Con este propósito se desarrolló la Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicó Predif, que en su artículo 15 contempla la modificación de la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal.
Según esta norma, “la comunidad, a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las actuaciones y obras de accesibilidad que sean necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los elementos comunes”.
Establece también que “cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará además obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”.
Según Predif, «se avanzó un paso más con la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que obliga a su cumplimiento a las comunidades de propietarios» pero, incluso así, sigue siendo insuficiente, lamentó.
Por ello, Predif instó a las administraciones con responsabilidad en esta materia a sancionar a quienes no acometan y sufraguen las modificaciones necesarias para garantizar la accesibilidad de sus comunidades.
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