Pasa de invertir 1,7 millones en cuatro años a un millón cada año
La cantidad de 2020 ha pasado de 450.000 a 1.046.000 euros
La tramitación con la gestión de la Biosfera ha sido similar
El Cabildo de Gran Canaria no solo no desiste de su proyecto de prevención de incendios forestales, sino que ha reiniciado el expediente por un importe superior, de manera que en vez de invertir 1,7 millones en cuatro años destinará un millón cada año, informó hoy el presidente de la Institución insular, Antonio Morales.
De este modo, la cantidad consignada para 2020 y en adelante era de 449.961 euros por año y la cuantía ha pasado a 1.046.098 euros para 2020, consignación que es similar a la de los siguientes años.
El trámite administrativo de declarar el anterior desestimado se produjo tras el acuerdo alcanzado con el Servicio de Intervención para su adaptación a la nueva normativa y a la posibilidad de realizar el encargo a Gesplan como medio propio una vez que el Cabildo de Gran Canaria realizó las tramitaciones oportunas para ello y en consonancia con la nueva Ley de Contratos Públicos.
Dada la fecha del año, era necesario desistir del proyecto para no comprometer las cantidades de los siguientes años puesto que se trataba de una plurianualidad y reiniciar un nuevo expediente, trámites que se realizaron el mismo día, el pasado 12 de diciembre, y además con cuantía superior, tal como consta en ambos documentos relativos al “Servicio de gestión del riesgo y prevención de grandes incendios forestales de la isla de Gran Canaria”.
Además, este es un proyecto que se suma a la actividad habitual de prevención de incendios forestales que ejecuta el Servicio de Medio Ambiente a lo largo de todo el año, desde quemas prescritas, que conllevaron que finalmente el potencial del último incendio quedara en la mitad, a acciones con los pastores para eliminar combustible vegetal, entre otras muchas.
La misma tramitación fue realizada con el expediente del “Servicio de gestión de la reserva de la Biosfera de Gran Canaria”, que fue desestimado y reiniciado ya ajustado a la nueva normativa y criterios encomendados por el Servicio de Intervención del Cabildo de Gran Canaria.
