La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, hizo el anuncio durante el transcurso del Pleno municipal y se comprometió a impedir que el patrimonio de los chicharreros y chicharreras “se mueva de manos a manos a través de un entramado societario”
La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, anunció hoy durante el Pleno municipal que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han interpuesto una querella criminal por alzamiento de bienes a uno de los empresarios condenados por el “caso Las Teresitas”.
La querella se sustenta en la operación de compra-venta de los terrenos anexos al Hospital de La Candelaria que dicho empresario vendió al Gobierno de Canarias por 5’5 millones de euros.
La regidora municipal cumple de esta manera con su voluntad anteriormente expresada de defender los intereses y proteger el patrimonio de los vecinos y las vecinas de la capital. “Es tan lo que dije lo que digo, que el Ayuntamiento de Santa Cruz presenta una querella por alzamiento de bienes contra el señor Plasencia”, anunció Patricia Hernández, que acusó al condenado de “intentar esconder al juzgado 5’5 millones de euros en medio de una operación de compra-venta de los terrenos anexos al Hospital Nuestra Señora de Candelaria”.
Tras informar de la presentación de la querella por la venta de los terrenos, la alcaldesa reiteró ante el Pleno su compromiso de “proteger el patrimonio público” y garantizó que no descansará hasta que “el dinero vuelva a sus legítimos propietarios: los chicharreros y las chicharreras”.
Patricia Hernández manifestó con rotundidad que “no vamos a consentir que el patrimonio se mueva de manos en manos en un entramado societario mientras hay una operación de 5’5 millones de euros por una compra-venta aplazada de 300.000 euros”.
El anuncio de la presentación de la querella se ha realizado apenas unos días después de conocerse que la Audiencia Provincial ha admitido la petición de embargo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de dos edificios pertenecientes al mismo empresario y ocupados por el Gobierno de Canarias.
