La sentencia, que ya es firme, anula la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad por parte de una entidad mercantil
La recuperación de este terreno, de 8.713 metros cuadrados y de un valor millonario, ha sido una reivindicación histórica de la AAVV Valle de los Reyes
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Telde ha estimado la demanda del Ayuntamiento por la que este reclamaba la titularidad de una finca de 8.713 metros cuadrados en el barrio de La Herradura, determinando la propiedad municipal del suelo en cuestión y acordando la inscripción como tal en el Registro.
El solar pasó a titularidad del Consistorio a comienzos de los años 80 del pasado siglo, mediante dos títulos. Una parte por cesión obligatoria de espacios libres, viales, zonas verdes en enero de 1980 y otra adquirida mediante compraventa en junio de 1981.
Sin embargo, casi tres décadas más tarde, la entidad mercantil Jora Las Palmas, SL logró, mediante la presentación de diferentes contratos de compraventa privados, inscribir la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad de Telde número 3.
Es a partir de diciembre de 2016 cuando la Asesoría Jurídica da un verdadero impulso a la defensa de este patrimonio municipal. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 2 anula la inscripción registral efectuada por la mercantil, declarando además como nulos los mencionados contratos previos y la escritura que los elevó a público en 2006.
El magistrado ponente declara, en sentencia de febrero de 2019, al Ayuntamiento de Telde propietario de la finca, acuerda su inscripción a favor de la Institución local y condena al demandado al pago de las costas procesales.
Después de que Jora Las Palmas no presentara recurso de apelación, la sentencia se convierte en firme con una diligencia de ordenación del pasado 6 de noviembre de 2019.
La AAVV Valle de los Reyes, con la histórica líder vecinal y ex concejal Paquita Hernández, reaccionó desde que tuvo conocimiento de la inscripción por parte de una entidad privada, e inició una lucha de más de una década en pos de la recuperación de la titularidad municipal de la parcela.
