El tribunal que ha juzgado a los doce líderes independentistas por organizar el referéndum del 1-O en Cataluña, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, está formado por seis hombres y una mujer que han logrado un veredicto unánime sobre los hechos ocurridos en el otoño de 2017 y la responsabilidad de cada uno de ellos.
Tras un intenso trabajo que no tuvo descanso ni siquiera en agosto, tradicional mes de vacaciones de los juzgados, el tribunal bajo la presidencia de Manuel Marchena se puso de acuerdo sobre los delitos y la tabla de condenas que se aplicarían.
El tribunal que juzgó desde el pasado doce de febrero a los líderes independentistas es ideológicamente equilibrado: tres de sus miembros son considerados ‘progresistas’ y otros tres ‘conservadores’ en mayor o menor grado; el séptimo, un ‘moderado’.
Estos son los siete magistrados que han dictado el fallo del juicio más importante de la democracia:
Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal y ponente de la sentencia, es juez del Tribunal Supremo desde 2007. Es jurista de reconocido prestigio. Las defensas en este juicio destacaban su alto nivel técnico y su respeto por el presidente de la Sala. Procedente de la Fiscalía, es doctor en Derecho y pese a que siempre se le ha considerado un juez conservador, ocupó cargos destacados a las órdenes del fiscal general del Estado Eligo Hernandez, nombrado por un Gobierno socialista y no está afiliado a ninguna asociación judicial.
Marchena es el presidente del tribunal juzgador y el ponente de la sentencia. Su permanencia en la Sala Segunda se descartó a raíz del pacto entre PSOE y PP para nombrarle presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con motivo de su renovación. El detonante de la renuncia del juez Manuel Marchena en noviembre de 2018 fue el contenido del ‘whatsapp’ remitido por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a otros parlamentarios en el que relacionaba la presidencia de Marchena con intereses políticos de los populares y con el control de la Sala de lo Penal del Supremo, con vistas al juicio por rebelión contra líderes del 1-O.
Andrés Martínez Arrieta, de 63 años y con 20 de experiencia en el Supremo. Está considerado un juez de cariz moderado, afiliado a la Asociación Francisco de Vitoria. Es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 1998. Ingresó en la carrera judicial en 1979 y estuvo destinado en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia, Lerma y Móstoles; en el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid y en la Audiencia Provincial de Madrid antes de su incorporación al TS. En la fecha de su nombramiento se convirtió en el magistrado más joven en acceder al Tribunal Supremo.
Entre los siete jueces que forman el tribunal hay dos de claro talante progresista, Luciano Varela y Ana Ferrer. También en la órbita progresista, aunque de un perfil menos marcado, se sitúa el magistrado Andrés Palomo. Los dos restantes, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, son miembros de la ‘conservadora’ Asociación Profesional de la Magistratura.
Juan Ramón Berdugo Gómez de al Torre, nacido en 1954, es magistrado de la Sala Segunda desde 2004. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ingresó en la carrera judicial en 1979 y ascendió a magistrado en 1983. Tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la Frontera y sirvió luego en juzgados de esta clase en Vitoria, Ciudad Real, Córdoba. En 1998 se incorporó como magistrado en la Audiencia Provincial de Córdoba, donde permaneció hasta su nombramiento para el alto tribunal. En el Supremo tiene fama de minucioso y preciso en sus fallos. Fue ponente de la resolución que confirmó el fallo absolutorio del jurado en el caso de los trajes del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps o de la sentencia del caso Wanninkhof. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Luciano Varela Castro, nacido en 1947, es magistrado de la Sala Segunda desde 2007. Ejerció como fiscal de distrito antes de ingresar en la carrera judicial en 1976 y sirvió en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Lena, Avilés y Pontevedra y en las Audiencias Provinciales de Álava y Pontevedra antes de incorporarse al alto tribunal. Redactor de la Ley del Jurado, ha sido durante 20 años profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Santiago de Compostela. Fue ponente de la condena al exjuez Fernando Presencia por archivar una querella contra un amigo suyo e instruyó la causa contra el exjuez Baltasar Garzón por los crímenes del franquismo. Es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, asociación de la que fue fundador en 1983.
Antonio del Moral García, nacido en 1959, es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde abril de 2012. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es fiscal en excedencia, carrera que ha ejercido en el Gabinete Técnico de la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo, entre otros destinos. Ha sido profesor en el Instituto de Empresa y en la Universidad Complutense de Madrid, es autor de numerosas publicaciones de temas relacionados con el Derecho Penal y formó parte de la comisión de expertos encargada de elaborar un borrador de texto articulado de nuevo Código Procesal Penal en 2012 y 2013. Fue ponente de la sentencia que condenó en firme a Iñaki Urdangarín y de la que rebajó la condena a inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por el 9-N. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Andrés Palomo del Arco, nacido en 1954, es magistrado de la Sala Segunda del Supremo desde 2014. Ingresó en la carrera judicial en 1981 y antes de incorporarse al Alto Tribunal ejerció en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida y en el número 1 de Salamanca. En 1998 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, cargo que ejerció durante cuatro mandatos. Fue instructor de la causa contra Francesc Homs por el 9-N y ponente de la primera sentencia del Supremo sobre la pena de prisión permanente revisable, revocando la condena dictada en el caso. No está asociado.
Ana María Ferrer García, nacida en 1954, es magistrada de la Sala Segunda desde 2014. Ingresó en la carrera judicial en 1984 y tuvo sus primeros destinos en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Linares, Aranjuez y Leganés, para servir luego en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid. En 1996 obtuvo plaza de magistrada en la Audiencia Provincial de Madrid, órgano del que fue nombrada presidenta en 2008. Fue la primera mujer en convertirse en magistrada de la Sala Segunda del Alto Tribunal. Vocal permanente de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación. Fue también la primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Madrid, la más extensa de España, cargo para el que fue elegida en 2008. Es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia.
(SERVIMEDIA)
