Héctor Suárez subrayó: “ Telde es el cuarto municipio de Canarias y el segundo de la isla, debemos implantar políticas de progreso que nos permitan igualar la ciudad a otras de semejantes características”
El alcalde de Telde, Héctor Suárez, asistió este sábado a la XII pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), epicentro de interés de los Gobiernos Locales españoles donde asistieron más de 4.700 entidades acreditadas entre ellas las dos ciudades más pobladas de la isla; Telde y Las Palmas de Gran Canaria.
El objetivo del encuentro fue determinar las pautas que guiarán el trabajo de la Federación a lo largo del mandato 2019-2023, que presidirá el vigués Abel Caballero, y elegir a los que liderarán ese trabajo desde los órganos de gobierno de la Federación.
Entre otras cuestiones, Héctor Suárez afirmó que durante el encuentro pudo asistir a los foros en los cuales se abordaron asuntos tan importantes como: la Economía Circular; la atención a Víctimas de la Violencia de Género; la Agenda 2030; las posibilidades que abre la movilidad eléctrica;o la administración yel territorio, y subrayó que este encuentro sirve “para regir las políticas en materia de municipalidad que se implantará en los próximos cuatro años”.
En este sentido, el alcalde apuntó a que todos y cada uno de los puntos, que se encuentran además recogido entre los objetivos que la ONU se marca en la agenda 2030, “coinciden con la hoja de ruta planificada por el gobierno de Telde para impulsar en el municipio”, y añadió: “Telde es el cuarto municipio de Canarias y el segundo de Gran Canaria, tenemos el deber de implantar políticas de progreso que permitan igualar la ciudad a otras de similares características y trabajaremos en esta línea”.
El nuevo equipo directivo de la FEMP dibujó entre sus prioridades para el nuevo mandato el impulso a un nuevo modelo de financiación local que permita dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos, la asignación de competencias que venga acompañada de los recursos necesarios, y, sobre todo, permitir a los Gobiernos Locales destinar los 40.000 millones de su superávit a sus propios municipios, en un marco de flexibilidad, entre otras.
