La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha afeado este miércoles, 11 de septiembre, que el Alcalde socialista Augusto Hidalgo se escudara la semana pasada en un supuesto informe jurídico para no intervenir en el edificio de Jinámar afectado por un incendio que lo mantiene sin agua y sin luz once días después.
“Queríamos conocer el contenido exacto de ese informe que, según el Alcalde, le alertaba de no tomar decisión alguna al respecto del edificio y sus vecinos amparándose, por tratarse de una propiedad privada, en la comisión de un supuesto delito de prevaricación”, afirma la edila popular recordando las palabras del propio Hidalgo.
“Sin embargo”, continúa, “lo que era un informe jurídico no pasó, según explican los letrados municipales a instancias de nuestro grupo, de una mera consulta verbal, y por tanto no se emitió ningún dictamen que estudiara en profundidad las posibilidades de actuación de esta administración para así ayudar a los afectados por el incendio”, continúa.
“Este es el grado de interés e implicación que tiene Hidalgo con los problemas de nuestros vecinos”, se lamenta Luzardo, quien acudió en varias ocasiones a la fase III de Jinámar para hacer seguimiento de la situación de estas familias, que el sábado 31 de agosto vieron cómo un grave incendio calcinaba por completo el cuarto de contadores de luz y agua, quedando sin suministro hasta día de hoy.
El Ayuntamiento, que no intervino hasta dos días después, “lo hizo exclusivamente para echar balones fuera alegando que el edificio era propiedad privada y ofrecer una cuba de agua, además de trasladarles la posibilidad a los afectados de ducharse en los vestuarios de una instalación deportiva próxima”, enfatiza.
Ahora sabemos “que no hubo informe jurídico y lo peor, tampoco intención alguna de implicarse a fondo en ayudar a estas personas, a las que se derivó a servicios sociales a pesar de que se está tardando hasta dos meses en dar fecha para que un profesional pueda atender a los solicitantes”.
En el edificio, de 11 plantas, viven personas mayores, enfermos y familias con niños, que tuvieron que recurrir a la presión a través de los medios de comunicación y el apoyo de la oposición para ser escuchados y que se agilizara el arreglo del edificio, tanto por el Ayuntamiento como por la propia empresa aseguradora.
“Una vez más vemos que quienes hacía bandera de gobierno social, de preocupación por las personas y los más débiles, sí dejan atrás a quienes peor lo pasan, como ha ocurrido ahora. El gobierno de Hidalgo es un gobierno social de pega, de cartón piedra; que no ha cumplido con el IBI Social, que deja de ejecutar el presupuesto de servicios sociales; que modifica el presupuesto para transmitir recursos de servicios sociales a Sociedad de Promoción y que no ha puesto casi ninguna de las medidas en materia de bienestar social que prometió”, concluye Luzardo.
