El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha dado el último paso previo a la imputación de Ibercaja por permitir presuntamente decenas de movimientos bancarios que habrían servido para blanquear fondos de políticos corruptos, narcotraficantes, proxenetas y otras organizaciones criminales, como aseguran de forma indiciaria varios informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac).
De la Mata acaba de dictar un auto, en el que reclama a Ibercaja que identifique de manera inmediata qué directivos firmaron la apertura de las cuentas por las que se habrían canalizado decenas de transacciones para un supuesto lavado masivo de fondos y les ordena que especifiquen también con la misma urgencia qué programa de cumplimiento tenían en vigor cuando se produjeron los movimientos bajo sospecha, en calidad de sujetos obligados por la Ley de Prevención contra el Blanqueo de Capitales, para tratar de aclarar por qué no dieron la voz de alarma y dejaron que el dinero siguiera circulando por su balance.
“Hasta la fecha se han obtenido”, apunta De la Mata en el auto, “datos objetivos que apuntan al incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales por parte de Ibercaja”. Por ello, el juez requiere a la entidad toda la documentación que sea necesaria para “delimitar por un lado la responsabilidad penal de la entidad bancaria e identificar a las personas físicas que gestionaron directamente la apertura y el control de las cuentas bancarias utilizadas por los investigados, permitiendo la ejecución de las operaciones sospechosas; y por otro lado, conocer el Programa de cumplimiento implementado por la entidad bancaria (indicando fecha de su implementación) al objetivo de garantizar que tanto la empresa como sus empleados cumplen adecuadamente el marco normativo aplicable”.
El origen de estas acusaciones es la investigación sobre un chiringuito financiero o ‘shell bank’ llamado Bandenia Banca Privada, que tenía su cuartel general en Las Rozas (Madrid) y fue desmantelado en junio de 2017. La UDEF llegó hasta los responsables de la entidad siguiendo el dinero de la narco Ana María Cameno, más conocida como ‘la Reina de la Coca’, que fue arrestada por última vez en 2014 con un alijo de 100 kilos de cocaína. La organización que lideraba utilizó presuntamente Bandenia para lavar los beneficios que obtenía con el tráfico de estupefacientes.
Bandemia convirtió Ibercaja en su centro de operaciones. Según un informe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, entre 2012 y 2013, Bandenia introdujo en 13 cuentas del banco aragonés un total de 3,4 millones de euros procedentes en su mayoría de Rusia, Eslovenia, Luxemburgo y Suiza. Se registraron 1.250 operaciones. En cuanto el dinero llegaba a Ibercaja, salía automáticamente en otra dirección, incidiendo así en su carácter instrumental.
