La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha decidido confirmar las condenas a Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau por la consulta independentista del 9-N de 2014 y acuerda la devolución de un total de 4.988.620,11 euros, lo que supone que el expresident de la Generalitat tendrá que abonar cerca de 42.000 euros más de lo estipulado en un principio.
El Tribunal de Cuentas estima el recurso de apelación formulado por la Fiscalía y el resto de demandantes y rechaza los argumentos de los demandados, que habían sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la organización del 9-N.
En su decisión, establece como probada la compra de 7.000 ordenadores por orden del Govern destinados a la celebración de la consulta soberanista de 2014, que había sido declarada inconstitucional.
Ahora el órgano fiscalizador eleva en 41.831 euros la cantidad que tendrá que reponer Artur Mas, de manera solidaria junto con el resto de los cargos de la Generalitat condenados por organizar la consulta independentista, lo que aumenta la cifra de 4.946.788 a 4.988.620 euros, que tienen que devolver de manera conjunta y solidaria.
Entiende el tribunal que a la compra de los citados ordenadores hay que añadir su traslado y el del material preciso para realizar la consulta a cada centro de votación, así como los pagos realizados a través de empresas públicas.
El tribunal desestima el recurso de los condenados, que argumentaron la parcialidad de la sentencia que les condenó y consideraron «un escarmiento» al independentismo, y establece que cada uno de ellos deberá hacer frente a los gastos que autorizó de acuerdo con sus competencias, de las que el responsable último era Mas.
El Tribunal de Cuentas fijó el pasado mes de enero en 4.995.018 euros la cantidad que se reclama al expresidente Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Irene Rigau y Francesc Homs por su posible responsabilidad contable en la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
El órgano fiscalizador asumía así los cálculos realizados por la Fiscalía, que eran los más altos solicitados por las partes acusadoras, entre ellas las asociaciones Abogados Catalanes por al Constitución y Sociedad Civil Catalana.
En diciembre de 2018, el Tribunal de Cuentas acordó el embargo provisional de la casa del expresidente de la Generalitat con el fin de cubrir los 2,4 millones de euros que le restaban para hacer frente a la fianza de 5,2 millones de euros por la organización del 9-N.
El propio Mas puso su domicilio como garantía de cara a cubrir las responsabilidades a las que podría ser condenado en este procedimiento contable, aunque podrá seguir viviendo en ella. La Asambla Nacional Catalana (ANC) articuló un sistema para recaudar fondos que permitieran al expresident pagar la fianza con aportaciones de los ciudadanos, pero reunió algo más de 2,3 millones de euros, un cifra muy inferior a la que se debe restituir.
