El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha animado a la plantilla del banco a continuar volcándose en la actividad y el cliente y “evitar prejuzgar hechos no constatados” frente a las investigaciones judiciales sobre los supuestos servicios contratados al Grupo Cenyt, vinculado al excomisario José Manuel Villarejo.
“Mientras el asunto se resuelve tenemos que evitar prejuzgar hechos no constatados y, sobre todo, debemos mantener nuestro foco en nuestros clientes y trabajar conforme a nuestros valores para hacer realidad nuestro propósito y tener un impacto positivo en la sociedad”, anima el banquero en un comunicado compartido estos días con la plantilla y anticipado por ‘El País’.
En la comunicación les informa de que la investigación interna abierta por BBVA y para la que ha contratado a PwC, al despacho Uría Menéndez y al bufete Garrigues “avanza a buen ritmo”, aunque evita ofrecer detalles al encontrarse “supeditada a la investigación judicial, todavía bajo secreto de sumario”.
“Como era de esperar, hemos visto también que se van dando pasos en esa causa judicial, con la que seguimos colaborando activamente”, indica el banquero en su comunicado a la plantilla.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada solicitó, precisamente, esta mañana la imputación de BBVA como persona jurídica en las investigaciones de la Audiencia Nacional que involucran a la entidad y ha decidido analizar en una pieza separada de la ‘Operación Tándem’.
Anticorrupción pide ahí la imputación del propio banco por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, por el supuesto pago de servicios al excomisario José Manuel Villarejo.
En el banco eludieron efectuar comentario alguno a la decisión de Anticorrupción. La entidad se ha movido con máxima prudencia y respeto al proceso judicial, subrayando siempre que ha sido cuestionada sobre el proceso su máxima colaboración con el tribunal.
En la entidad estarían a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos y la respuesta del juez a la solicitud de Anticorrupción, así como a conocer con qué indicios cuentan al encontrarse aún el proceso bajo secreto de sumario.