Vox ha recurrido el auto de inadmisión de la querella que presentó contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hizo suyos los argumentos de la Fiscalía contrarios a la admisión de la querella y señaló que “es de todo punto obvio que los hechos denunciados estimados como delictivos, aparte de no tener sustento probatorio alguno, sin verosimilitud y fundamentación alguna, no constituyen delito alguno”, a lo que se une que el de colaboración con organización terrorista ya viene descartado por el Tribunal Supremo en casos similares.
Sin embargo, el partido de Santiago Abascal considera que esta negativa a investigar supone “una vulneración de la tutela judicial efectiva, que infringe los artículos 24 de la Constitución Española, 6 de la Carta Europea Derechos Humanos y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
Para Vox, el contenido de las actas de negociación con ETA revela que “los términos de las negociaciones no contaban con el aval parlamentario y para su comprobación deberá abrirse la correspondiente investigación”.
El Juzgado Central, subraya Vox, niega la posibilidad de comprobar la veracidad de las publicaciones y de examinar las actas, que se encuentran en la propia sede judicial y en poder del Ministerio del Interior, dentro de la documentación que el Gobierno de Francia entregó a España en 2018; una documentación, según la formación, incautada en el país galo durante la lucha antiterrorista. Las actas de negociación con ETA se conocen como ‘los papeles de Francia’ y “se obtuvieron tras la detención de los etarras Francisco Javier López Peña, ‘Thierry’, y Ramón Sagarzazu Gaztelumendi”.
