El Juzgado de lo Social número 7 de Madrid desestimó este jueves la demanda que la Tesorería General de la Seguridad Social había presentado contra la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a la que acusaba de utilizar a 284 becarios como empleados que realizan «labores estructurales» y por los que dicha institución debería cotizar.
Este fallo legitima el sistema de prácticas extracurriculares que desarrollan muchas universidades españolas, por el que muchos alumnos desempeñan diversas tareas en varios de sus departamentos como becarios. Según la sentencia, el modelo de prácticas extracurriculares de la UAM se ajusta a derecho, «precisamente por estar totalmente desvinculado de la formación académica» de los alumnos, puesto que «no forman parte del plan de estudios”.
Los 284 estudiantes, técnicamente codemandados junto a la UAM pero en realidad del lado de la Seguridad Social, son los clásicos becarios de la universidad: se ocupaban de las diferentes bibliotecas del campus, atendían los servicios de ayuda al estudiante o gestionaban las ayudas económicas para distintos programas.
En su demanda, la Seguridad Social mantenía que estos 284 estudiantes son trabajadores porque cubrían puestos estructurales en la universidad necesarios para su funcionamiento diario sin obtener ningún rédito académico a cambio.
Sin embargo, el fallo judicial da la razón a la Autónoma y subraya que estas prácticas “se adaptan plenamente a la normativa que las regula, precisamente por estar totalmente desvinculadas de la formación académica de los alumnos (son extracurriculares) y no formar parte del plan de estudios.
Su fin es el “desarrollo de otras competencias transversales”, como competencias sociales para atender al público o el manejo de aplicaciones informáticas. Agrega que una vez suspendido el sistema de prácticas extracurriculares, la UAM mantuvo su funcionamiento sin la necesidad de estos becarios.
Por tanto, la sentencia rechaza que estos alumnos mantuviesen una relación laboral con la universidad y que esta utilizase dicha figura para ahorrarse la contratación de trabajadores, lo que habría supuesto un fraude de ley.
El dictamen subraya que de las situaciones puestas de ejemplo por la inspección no se desprende ningún tipo de relación laboral, por lo que «mucho menos se puede pretender que la Universidad Autónoma haya contratado a 285 personas en fraude de ley. Porque el fraude no se presume, hay que probarlo», destaca.
