Podemos considera que no puede hacer otra cosa que insistir en que, si el PSOE accede a un Gobierno de coalición, la investidura saldría en julio y la estabilidad de la legislatura estaría garantizada, por lo que, si los socialistas no levantan su veto al mismo, no le corresponde dar más pasos, lo que dejaría de facto las cosas en manos de la consulta a sus bases.
Este miércoles, una frase de la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, señalando en la Cadena Ser que los equipos negociadores del grupo están listos para reunirse «esta misma tarde» dio pie a que su homóloga del PSOE, Adriana Lastra, interpelada al respecto en la misma emisora y luego en LaSexta, la llamara por teléfono con la supuesta intención de verse.
En realidad, las dos portavoces se limitaron a anunciar que mantenían las vías de interlocución, pero las posiciones no se habían movido lo más mínimo. Desde el PSOE, que pretendió presentar la frase de Montero como una posible rectificación, insistieron en hablar de programa, mientras desde Podemos recalcaron, como por otra parte había hecho su portavoz en la Ser, en que se podría negociar si los socialistas levantaban su veto a un Gobierno de coalición.
Fuentes de Podemos indicaron a Servimedia que, como «Podemos quiere gobernar con el PSOE y el PSOE quiere los votos de Podemos pero no gobernar con nosotros», el partido no puede hacer otra cosa que reivindicar su derecho a formar parte de un Ejecutivo como los autonómicos de la Comunidad Valenciana, Baleares o Canarias, en los que con menos porcentaje de votos se le han reservado consejerías y vicepresidencias, por lo que no aceptarán un acuerdo que no cumpla esta condición.
Los estatutos del partido aprobados en la Asamblea de Vistalegre II establecen en su artículo 14 del título segundo, capítulo primero, como competencia exclusiva de la Asamblea Ciudadana, es decir, del conjunto de los inscritos, «aprobar o rechazar cualquier pacto o alianza preelectoral o postelectoral, de gobierno o de investidura, con otras fuerzas políticas», por lo que en principio, si no hay acuerdo con el PSOE, la dirección no tendría obligación de convocar una consulta.
Sin embargo, en el artículo 12 se recalca que, aparte de esas competencias exclusivas, la Asamblea Ciudadana Estatal «será consultada con carácter preceptivo para la toma de aquellas decisiones de especial relevancia». Si a ello se añade el gran «valor político» que, recalcaron las fuentes consultadas, tiene este instrumento para legitimar las decisiones de la Ejecutiva, se da por seguro que a mediados o finales de la semana que viene se preguntará a los inscritos qué debe votar Unidas Podemos en la investidura de Pedro Sánchez el 23 y el 25 de julio.
CONSULTA
La pregunta aún no se ha diseñado, pero previsiblemente será de la índole de «qué debe votar Podemos debe facilitar Podemos la investidura después de que el PSOE no se haya comprometido a un Gobierno de coalición progresista», en cuyo caso contemplaría las posibles respuestas de sí, no o abstención.
La dirección liderada por Pablo Iglesias defendería explícita o implícitamente un rechazo a facilitar la investidura (el no o la abstención impedirían de igual manera hacerlo si no se abstienen PP o Ciudadanos), y desde su entorno reconocen que su cargo en el partido quedaría seriamente comprometido en caso de que los inscritos le enmendaran la plana.
En manos de las bases de Podemos queda, pues, la decisión final sobre un proceso de negociación que ha terminado siendo infructuoso pese a sus prometedores comienzos.
Según fuentes conocedoras del mismo aunque seguramente subjetivas consultadas por Servimedia, el 7 de mayo, primera reunión tras las elecciones entre Sánchez e Iglesias en el Palacio de la Moncloa, el primero prometió un Gobierno de coalición y ofreció al segundo en persona la Presidencia del Congreso de los Diputados, y para compensar tal renombre, a Podemos dos ministerios menores, pero la oferta no fue aceptada, aunque ambas partes pactaron, para evitar especulaciones anticipadas, limitar el mensaje a que estaban «de acuerdo en ponerse de acuerdo».
El PSOE rechaza esta interpretación, y, de hecho, las versiones empezaron a diverger en la segunda reunión, el 11 e3 junio en el Congreso de los Diputados, cuando sacaron lecturas contrarias del término «Gobierno de cooperación». Según las fuentes mencionadas, Sánchez reconoció aquí a Iglesias que el PSOE le pedía esta acotación nominal y que aún no podía precisarle qué puestos de Gobierno se le reservarían; pese a todo, el líder de Podemos acató el término si significaba lo mismo que Ejecutivo conjunto.
Habría sido en la tercera reunión, en la Moncloa, de apenas 20 minutos y revelada a posteriori, cuando el presidente del Gobierno en funciones comunicó a Iglesias que no le daría entrada en el Ejecutivo, y el PSOE presentó públicamente a cambio su oferta de triple nivel de cooperación, parlamentaria, programática e institucional pero sin cargos en el Consejo de Ministros. Las dos últimas no habrían servido para salir de ese desencuentro.
