El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que entregó este martes el Informe Anual 2018 a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz, aboga por impedir que los padres con orden de alejamiento por maltratar a su pareja puedan visitar a sus hijos, ya que «un maltratador nunca puede ser un buen padre”.
Para proteger a las niñas y niños, el Defensor pide que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas.
Además, en su opinión, es necesario que la valoración del riesgo que realiza la Policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración individual y específica de la situación de riesgo de sus hijas e hijos.
Para el Defensor, “es necesario otorgar protección rápida y eficaz a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores a manos de sus padres maltratadores”.
Además, en el Informe Anual de esta institución se reclama más implicación de las administraciones para acabar con la violencia machista y recuerda que se está realizando un seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Por otra parte, Fernández Marugán considera que para paliar las carencias detectadas en el tratamiento de las víctimas en el ámbito judicial, es esencial que se cumpla íntegramente el Estatuto de la Víctima, que se respete el derecho a su intimidad y que se mejore la coordinación y la comunicación de los juzgados de violencia sobre la mujer con los servicios especializados de atención integral.
El Defensor también ve imprescindible que desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se adopten nuevas medidas para promover y coordinar a las administraciones públicas implicadas en la lucha contra la violencia machista. Así, considera que se debería valorar la posibilidad de impartir instrucciones para que los Puntos de Encuentro Familiar comuniquen a las unidades contra la violencia sobre la mujer, a los juzgados y a la Fiscalía cualquier riesgo que detecten que pueda afectar a mujeres, a niñas y a niños.
En su Informe Anual, el Defensor también denuncia que aunque la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género contemplaba la creación de unidades de valoración forense integral en todo el territorio, todavía hoy no existen en todas las provincias. En este sentido, urge a su implantación total para atender a todos los juzgados.
(SERVIMEDIA)
