La debilidad de los medios de comunicación ante presiones de poderes políticos o económicos y la ‘Ley Mordaza’ son de las principales preocupaciones de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que también critican “la injerencia de los gobiernos en los medios públicos, lesionando su independencia”.
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra cada 3 de mayo, el gremio madrileño de periodistas reconoce la “debilidad de los medios informativos” y su vulnerabilidad ante presiones de poderes políticos o económicos y recuerda los “bajos salarios que amenazan a una mayoría de profesionales de la información”.
Para la FAPE, la libertad de prensa sólo avanzará “cuando tengamos medios públicos gestionados de forma ajena a los intereses de los gobiernos de turno” y en los que predomine “un criterio informativo basado en la independencia y la pluralidad».
Esa debilidad a la que apunta la APM hace, según la asociación, que los poderes traten de influir en la información en un determinado sentido o, directamente, para “acallar aquellas noticias que les son adversas”.
En relación a la libertad de prensa, la asociación mostró su “preocupación” por la actitud de Vox, que ha irrumpido en el Congreso de los Diputados con 24 escaños, al recurrir a “vetos y exclusiones de periodistas y medios a los que tachan de enemigos porque no se doblegan a su interés partidista”.
VERIFICACIÓN
Por su parte, la FAPE denunció que durante la campaña electoral muchos partidos han recurrido a la “desinformación” para promover su estrategia electoral, si bien la labor de verificación de los medios “ha servido en muchos casos para atenuar su impacto”.
A juicio de la federación, «el reforzamiento de la disciplina de la verificación por parte de los medios es una muy buena noticia a destacar con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa».
Los periodistas también recordaron que este año se ha sucedido uno de los episodios más amenazantes para la libertad de prensa, cuando un juez de Baleares ordenó confiscar los móviles personales, documentación y ordenadores de periodistas del ‘Diario de Mallorca’ y de las agencias EFE y Europa Press que investigaban un caso de corrupción.
(SERVIMEDIA)
