La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a cuatro empresarios del municipio gaditano de Chiclana de la Frontera investigados por un delito de homicidio imprudente, al haber quitado el mono de trabajo a la víctima antes de llevarlo al hospital, con el objetivo de ocultar que había sufrido un accidente laboral.
Los hechos sucedieron en julio de 2018 cuando la víctima, de 42 años, trabajaba sin contrato para una empresa dedicada a la instalación de ferias y eventos. Tras su fallecimiento, según cuenta el ‘Diario Sur’, el caso se resolvió como un accidente fortuito fuera del trabajo por lo que se compensó a la familia (una mujer y dos hijos) con una pensión por fallecimiento debido a contingencias comunes, quedando «prácticamente en la indigencia».
La familia decidió denunciar los hechos ante la Inspección de Trabajo, porque «no le cuadraba el informe de la autopsia con la versión que ellos manejaban de lo sucedido». Esa denuncia permitió que el caso llegara a los tribunales y se descubriera lo que verdaderamente ocurrió.
Según el comunicado de la Benemérita, el fallecido no estaba dado de alto en la seguridad social, no contaba con formación para conducir la carretilla elevadora que acabó con su vida, ni tampoco llevaba la vestimenta adecuada, por lo que también se investiga a los cuatro empresarios implicados por un delito contra los derechos de los trabajadores.
El día del fatal accidente el fallecido, que responde a las iniciales de A.S.S., quedó atrapado en la carretilla eléctrica que manejaba resultando herido de gravedad, por lo que el administrador de la empresa y un trabajador decidieron trasladarle en un coche particular al centro médico de especialidades de la Longuera, en Chiclana.
Por el camino «le despojaron de la ropa de trabajo, que llevaba inscrito el anagrama de la compañía, al objeto de no despertar sospechas y evitar así responsabilidades». En todo momento, los empresarios mantuvieron que había sufrido una «caída fortuita», incluso cuando le trasladaron al hospital de Puerto Real donde falleció.
Fruto de la investigación, los cuatro empresarios implicados en el caso fueron detenidos y puestos en libertad con cargos en marzo y se enfrentan además a varias sanciones administrativas. En cuanto a la familia, se le regularizó la pensión de viudedad y orfandad, de acuerdo a un accidente laboral.