Al menos 690 personas fueron ejecutadas el año pasado en todo el mundo, lo que supone un 31% menos respecto a las 993 de 2017 y la cifra más baja desde 2014, cuando hubo 607 ejecuciones. Ese descenso debe en buena parte a Irán, que ha reducido más de un 50% la aplicación de la pena capital tras reformar su legislación antidrogas.
Amnistía Internacional (AI) recoge estos datos en su último informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, hecho público este miércoles. Las estadísticas de esta organización recogen las ejecuciones de las que se tuvo noticia el año pasado en todo el mundo salvo China, cuyas cifras –presumiblemente varios miles de personas- siguen clasificadas como secreto de Estado.
Los principales descensos en 2018 se produjeron en Irán, que descendieron de al menos 507 en 2017 a 253 como mínimo el año pasado. Iraq pasó de 125 a 52, Pakistán de 60 a 14 y Somalia de 24 a 13. Se trata de los países con las más notables reducciones de ejecuciones en 2018.
Guinea se ha convertido en el 20º país de África subsahariana en abolir la pena capital para todos los delitos, mientras que Kenia lo ha hecho para el asesinato y Burkina Faso y Chad han avanzado en la eliminación de esta pena con nuevas leyes o proyectos de ley.
“El drástico descenso de las ejecuciones demuestra que, incluso los países más insospechados, están empezando a cambiar sus prácticas y a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución”, apuntó Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.
Naidoo indicó que, “pese al retroceso experimentado en algunos lugares, el número de ejecuciones consumadas por varios de los peores verdugos del mundo ha descendido de manera considerable”. “Se trata de una señal esperanzadora que indica que es solo cuestión de tiempo que este castigo cruel quede relegado al rincón de la historia, donde debe estar”, añadió.
Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. AI detectó un aumento de las ejecuciones en Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur. Tailandia llevó a cabo su primera ejecución desde 2009 y el presidente den Sri Lanka, Maithripala Sirisena, manifestó su intención de reanudar las ejecuciones tras una pausa de más de 40 años e incluso en febrero de 2019 llegó a publicar un anuncio para buscar verdugos.
“Las buenas noticias de 2018 se han visto empañadas por el hecho de que un reducido número de Estados haya decidido, para su vergüenza, ir en contra de la tendencia general”, afirmó Naidoo, quien agregó: “En Japón, Singapur y Sudán del Sur se registraron los niveles más altos de ejecuciones desde hacía años, y Tailandia reanudó las ejecuciones después de casi 10 años. Sin embargo, esos países constituyen una minoría menguante”.
LOS PRINCIPALES EJECUTORES
China siguió siendo el principal ejecutor del mundo, aunque se ignoraba la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar sus cifras clasificadas como secreto de Estado. Amnistía Internacional cree que China condena a muerte y ejecuta anualmente a miles de personas.
En un gesto sin precedentes, las autoridades de Vietnam hicieron públicas las cifras sobre pena de muerte durante el año pasado, al admitir un mínimo de 85 ejecuciones.
Los principales países ejecutores del mundo en 2018 fueron China (miles), Irán (al menos 253), Arabia Saudí (149), Vietnam (al menos 85) e Iraq (al menos 52).
Pese al considerable descenso en el número de ejecuciones consumadas, Irán siguió acaparando más de un tercio de las ejecuciones del mundo.
Por otro lado, Amnistía Internacional consideró preocupante el marcado aumento experimentado a lo largo del año en el número de condenas a muerte impuestas en algunos países. Por ejemplo, la cifra se cuadruplicó en Iraq (de 65 en 2017 a 271 en 2018) y casi se duplicó en Egipto (de 402 a 717).
ABOLICIÓN
Sin embargo, Amnistía destacó que, en general, las cifras de 2018 demuestran que “la pena de muerte está claramente en retroceso y que en todo el mundo se están tomando medidas efectivas para poner fin a este cruel e inhumano castigo”.
Por ejemplo, Burkina Faso adoptó en junio un nuevo Código Penal que abolía de hecho la pena capital. Gambia y Malasia declararon sendas moratorias de las ejecuciones en febrero y julio, respectivamente, y el estado de Washington (Estados Unidos) declaró inconstitucional en octubre su estatuto de pena de muerte.
Durante el periodo de sesiones del pasado diciembre de la Asamblea General de la ONU, un total de 121 países -una cifra sin precedentes- votaron a favor de una moratoria mundial de las ejecuciones. Sólo 35 Estados votaron en contra.
“Lenta, pero firmemente, se va fraguando un consenso internacional respecto a poner fin a la pena de muerte. Amnistía Internacional lleva más de 40 años haciendo campaña por el fin de las ejecuciones en todos los países. Sin embargo, con más de 19.000 personas consumiéndose hoy en el corredor de la muerte, la lucha está lejos de acabar”, apuntó Naidoo.
Al terminar 2018, un total de 106 países habían abolido por ley la pena de muerte para todos los delitos y 142 la habían abolido en la ley o en la práctica.
ESPAÑOLES
Por otra parte, Amnistía internacional recoge los casos de tres ciudadanos españoles. El Tribunal Supremo de Florida anuló el 4 de febrero de 2016 la condena a muerte de Pablo Ibar, español que permaneció en el corredor 16 años. El órgano judicial ordenó llevar a cabo un nuevo juicio, que se inició el 1 de octubre de 2018. El pasado 20 de enero fue declarado de nuevo culpable. A mediados de mayo se conocerá la sentencia.
El 21 de abril de 2017 se produjo la condena a muerte del español Artur Segarra en Tailandia, acusado del asesinato en Bangkok de otro español, David Bernat.
Amnistía tuvo conocimiento de la condena a muerte en Egipto de Ahmed el Saadany Ghaly, quien cuenta con nacionalidad española tras haber vivido alrededor de 20 años en España. Fue detenido acusado de haber asesinado a su cuñado el 13 de diciembre de 2016.
(SERVIMEDIA)
