El Tribunal Supremo (TS) cambiará de criterio y permitirá que los presos que están siendo juzgados por organizar el 1-O y que resulten elegidos en los comicios generales del 28 de abril puedan ir al Congreso o al Senado a recoger sus actas de parlamentarios. Se trata de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez.
La sala está debatiendo las peticiones de libertad planteadas la pasada semana por los cinco acusados que se presentan como candidatos electorales. Fuentes jurídicas aseguran que éste es el único punto que por el momento está claro en relación con la participación de los líderes independentistas en la campaña y posteriores elecciones.
El desarrollo del juicio hasta ahora no permite prever que las sesiones puedan concluir antes de las citas electorales del 28 de abril y el 26 de mayo, por lo que se hace necesaria una decisión del tribunal que regirá el ejercicio de los derechos políticos de los encausados en el juicio del `procés´ hasta el momento en que haya una sentencia.
En ese momento, si los acusados son declarados culpables de delitos que pueden ir desde la desobediencia hasta la rebelión, serán inhabilitados, pero en caso de resultar absueltos no se habrán visto violentados esos derechos y su opción a ocupar un escaño.
El Supremo decidirá, en primer lugar, sobre la petición de libertad, y a continuación debatirá sobre la posibilidad de celebrar actos electorales en prisión. Instituciones Penitenciarias ha informado desfavorablemente sobre estos actos, porque estima que las prisiones carecen de medios apropiados para llevarlos a cabo.
En principio, el Supremo no ve motivo para oponerse, pero los magistrados se inclinan por dejar la decisión última en manos de la Junta Electoral Central (JEC) y de las autoridades penitenciarias. En la JEC hay división sobre el particular: una amplia mayoría quiere que sea el TS el que se pronuncie al respecto.
Tanto el Supremo como la JEC están decididos a tomar las medidas que permitan a los presos del `procés´ el ejercicio de los derechos políticos de las personas privadas de libertad, en la medida en que están en plenitud de sus derechos fundamentales, como presos preventivos y sin condena firme. Tratan también de evitar un pronunciamiento futuro contra el Estado español por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
(SERVIMEDIA)
