La Junta Electoral Central (JEC) revisará este lunes su instrucción para que los miembros de las mesas electorales apunten los datos de votantes con discapacidad intelectual en caso de que sospechen que no ejercen libremente su derecho al voto, una medida que ha encontrado la oposición del sector de la discapacidad al advertir una “desventaja grave” a la hora de ejercer el derecho de sufragio en libertad.
Se trata de la primera vez que alrededor de 100.000 personas con discapacidad intelectual incapacitadas judicialmente podrán ejercer su derecho al voto, después de la reforma de la Ley Electoral que reconoce el derecho de sufragio a estas personas en los comicios europeos, municipales y autonómicos del 26 de mayo y en las elecciones generales del 28 de abril.
Sin embargo, el entusiasmo del sector de la discapacidad por la posibilidad de que todo el colectivo pudiera votar se vio truncado tras la instrucción dictada por la Junta Electoral, que permite a los miembros de las mesas electorales dejar constancia por escrito en el acta del escrutinio de sus dudas sobre aquellos votantes con discapacidad que crean que no ejercen su derecho de forma libre y consciente.
Fuentes parlamentarias informaron a Servimedia de que la JEC volverá a estudiar este asunto en su reunión de hoy, donde se examinará, entre otras cosas, un escrito presentado ante este órgano electoral por el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Íñigo Alli, que pide a la autoridad electoral que «reconsidere» la instrucción por «sesgada y prejuiciosa».
La directriz permite apuntar los datos de las personas con discapacidad en caso de que se sospeche que no votan libremente, de forma que “el acta identificará al elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento identificativo que aporte», según el texto de la Junta Electoral Central.
Para Plena Inclusión, que agrupa a varias asociaciones de personas con discapacidad intelectual, la medida «discrimina» a las personas con discapacidad, visión que ya trasladó el presidente de la entidad, Santiago López Noguera, al presidente de la Junta Electoral, Segundo Menéndez Pérez, mediante una carta.
Incluso el que fuera presidente de la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados esta última legislatura, Jordi Xuclá, pidió a la institución que “revise o anule” la instrucción. Según afirmó Xuclá a Servimedia, la directriz «reinterpreta» la reforma aprobada en noviembre.
Hasta que entró en vigor esta reforma aprobada en noviembre, las personas con discapacidad sometidas a tutela judicial tenían que pedir a los magistrados que les autorizasen el voto, para lo que se les sometía a un examen para certificar que conocían los datos básicos de la cita electoral y el sistema político. Tras la reforma de noviembre, la Ley Electoral elimina cualquier traba al voto de estas personas.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya ha reclamado a la JEC que «anule con carácter inmediato» esta disposición, puesto que «entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral» aprobada por las Cortes.
La instrucción no sólo ha levantado ampollas en el sector de la discapacidad, sino también entre los propios partidos políticos. Tanto PSOE como PP, Podemos, IU y UPyD han pedido a la Junta Electoral que retire esta directriz, aunque por el momento la institución sólo se ha comprometido a revisarla.
(SERVIMEDIA)
