La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha anunciado que denunciará el nuevo reglamento del taxi que prepara el Ejecutivo regional, ya que éste “permitiría que las empresas acumulasen licencias, rompiendo así la estructura de un sector compuesto en su mayoría por autónomos”.
Así lo ha manifestado en un comunicado el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz, como respuesta a las informaciones que apuntan a la aprobación de este texto que se encuentra en “fase final de tramitación” por parte del Consejo de Gobierno de la región, y que ya anunció la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, el pasado mes de febrero.
Sanz indicó que se trata de un texto que no es positivo para el sector en varios puntos y del que además la propia Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid (CAM) ha emitido un informe en el que indica que no se cumplen los preceptos legales de transparencia e información y, que por tanto, “no procede su aprobación”.
En concreto, además de la personalidad jurídica, que permitiría a las grandes empresas hacerse con multitud de licencias en detrimento del sector del taxi, formado tradicionalmente en su mayoría por autónomos, el nuevo texto potencia los descuentos en las tarifas que tendrían que ser soportados por los propios taxistas.
“Estamos de acuerdo con la tarifa telemática pero la posibilidad de ofrecer descuentos en el precio acabaría convirtiendo al taxi en un servicio como el de Uber, con la diferencia de que en nuestro caso, el coste de estos descuentos lo soportarían los taxistas y no las grandes plataformas”, añadió Julio Sanz, que sí se muestra partidario de poder ofrecer tarifas precontratadas “que ofrezcan certidumbre al usuario, pero en las que el importe que se indique, sea el que se cobre”.
En relación al taxi compartido, Sanz abogó por la implementación de un sistema de recorridos determinados entre diferentes puntos como intercambiadores de transporte público, en el que se puedan fijar tarifas fijas, independientemente del número de usuarios que accedan.
Por último, los taxistas han insistido en que consideran incoherente la estrategia de la CAM que, “tras haber gastado decenas de miles de euros de los madrileños en recursos de casación al Tribunal Supremo para evitar la concesión de un mayor número de licencias de VTC, una vez obligados por los tribunales a entregarlas, no quieran regular su actividad en su territorio”, concluyó Julio Sanz.
